La Ley de Amparo es el instrumento jurídico fundamental de protección constitucional en México. Regula el juicio de amparo, el mecanismo procesal mediante el cual cualquier persona puede impugnar actos de autoridad que vulneren sus derechos humanos y garantías constitucionales. Establece los procedimientos de amparo indirecto y directo, la suspensión del acto reclamado, el cumplimiento de sentencias y la formación de jurisprudencia. Es una herramienta esencial para empresas y contribuyentes que buscan proteger sus derechos frente a actos inconstitucionales del Estado.
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Define el objeto del juicio de amparo: resolver controversias por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos y garantías constitucionales.
Establece quiénes son las partes en el juicio de amparo: quejoso, autoridad responsable, tercero interesado y Ministerio Público Federal.
Establece los principios fundamentales del juicio de amparo: instancia de parte agraviada, existencia de agravio personal y directo, definitividad, estricto derecho y relatividad de las sentencias.
Establece los plazos para presentar la demanda de amparo: regla general de 15 días hábiles, con excepciones para normas autoaplicativas, actos contra la vida o libertad, y materia agraria.
Enumera las causas por las cuales el juicio de amparo resulta improcedente, incluyendo actos de la SCJN, actos consentidos, cesación de efectos y litispendencia.
Establece las causas por las cuales el juicio de amparo debe sobreseerse, incluyendo desistimiento, muerte del quejoso, improcedencia sobrevenida e inactividad procesal.
Enumera los casos en que procede el amparo indirecto ante los Juzgados de Distrito, incluyendo normas generales, actos administrativos, actos fuera de juicio y violaciones procesales irreparables.
Señala los requisitos formales que debe contener la demanda de amparo indirecto, incluyendo datos del quejoso, autoridad responsable, acto reclamado, derechos violados y conceptos de violación.
Establece los casos en que el juez de amparo debe conceder de oficio la suspensión del acto reclamado, sin necesidad de solicitud del quejoso.
Regula la suspensión del acto reclamado cuando es solicitada por el quejoso, estableciendo los requisitos de procedencia incluyendo apariencia del buen derecho y peligro en la demora.
Establece los casos en que procede el amparo directo ante Tribunales Colegiados de Circuito: contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio.
Establece los requisitos que debe contener la demanda de amparo directo, incluyendo la identificación de la sentencia reclamada, los conceptos de violación y las violaciones procesales.
Regula los efectos de la sentencia que concede el amparo, incluyendo la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho violado y la nulificación del acto reclamado.
Regula la formación de jurisprudencia por el Poder Judicial de la Federación, estableciendo los mecanismos de reiteración, contradicción y sustitución.
Establece las sanciones aplicables a las autoridades que incumplan con las sentencias de amparo, incluyendo separación del cargo y consignación penal.
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