El Estado asignara los fondos que sean necesarios para la adecuada organizacion y funcionamiento de la Procuraduria General de la Republica. Todos los organismos de la Administracion Publica colaboraran con el Procurador General de la Republica en el cumplimiento de sus atribuciones en la forma que la ley determine. CAPITULO V DEL ENRIQUECIMIENTO ILICITO
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