Tesis aislada · Décima Época · Tribunales Colegiados de Circuito
De acuerdo con el artículo 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimiento de responsabilidad administrativa tiene como objetivo preservar el correcto y eficiente servicio público, pues a través de aquél se sancionan los actos u omisiones de los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Por su parte, el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos prevé, entre otras hipótesis de infracción, la relativa a que el servidor público, con su acción u omisión, cause la suspensión o deficiencia del servicio público en perjuicio de la colectividad. En estas condiciones, si bien el derecho administrativo sancionador, por su similitud con el derecho penal, se rige por los principios de exacta aplicación de la ley, reserva de ley y tipicidad, de modo que si cierta disposición administrativa prevé una conducta que, realizada por el afectado, conlleve responsabilidad administrativa, dicho actuar debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente fijada, ello no implica que la inexistencia de una disposición normativa o catálogo que especifique cuáles son todas las funciones de un servidor público y en qué casos de no cumplirlas se incurre en responsabilidad administrativa acarrea, por sí misma, que dicha responsabilidad no se actualice, en virtud de que el servicio público está rodeado de un cúmulo de obligaciones o atribuciones que no están detalladas en forma de catálogo en alguna ley, reglamento, decreto, circular o norma de carácter general sino dispersas en diversos ordenamientos legales que rigen el actuar de la autoridad, además de que hay casos en que dichas atribuciones y obligaciones no necesitan especificarse detalladamente en normas generales, cuando son consecuencia legal y necesaria de la función que realizan. En conclusión, para fincar responsabilidad administrativa con fundamento en la hipótesis aludida, basta que la conducta del servidor tenga relación con el desempeño de su empleo, cargo o comisión, con independencia de que no se detalle en algún ordenamiento de carácter general y que, con ella, el servicio público correspondiente, en sentido amplio, dejó de prestarse, se vio suspendido injustificadamente, o bien, aun prestándose, la colectividad resintió algún perjuicio.PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
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Registro digital (IUS): 2012785
Clave: XVI.1o.A.108 A (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 35, Octubre de 2016; Tomo IV; Pág. 3086
Amparo directo 32/2013. Humberto Daniel Baleón Ramírez. 20 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Ramón Lozano Bernal.Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 27/2016. Coordinador Jurídico Contencioso en ausencia del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, encargado de la defensa jurídica del titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de Telecomunicaciones de México. 28 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Pedro Hermida Pérez.
Interpretación práctica por el equipo de SDV
Tesis obtenida del Semanario Judicial de la Federación (SJF) de la SCJN.
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Art. XVI.1o.A.109 A (10a.). RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. EL NUMERAL 14 DE LA LEY RELATIVA, AL FIJAR UN LÍMITE MÁXIMO PARA LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL, VIOLA EL ARTÍCULO 113, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE MAYO DE 2015.
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Art. XXIII.3 A (10a.). REVISIÓN FISCAL. PROCEDE DICHO RECURSO CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARÓ LA NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO IMPUGNADO POR NO OSTENTAR LA FIRMA DEL FUNCIONARIO EMISOR, CUANDO LA DISCUSIÓN SUSTANCIAL QUE LLEVÓ A ESA DETERMINACIÓN FUE SI SE ACTUALIZABA O NO LA NEGATIVA FICTA Y LA AUTORIDAD SOSTIENE EN SUS AGRAVIOS QUE DEMOSTRÓ EN JUICIO LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN Y SU DEBIDA NOTIFICACIÓN, ERIGIÉNDOSE ESTE TEMA EN EL ASPECTO DE FONDO O SUSTANCIAL POR DIRIMIR.
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