Tesis aislada · Décima Época · Pleno
La porción normativa citada al rubro establece que comete el delito de ejercicio ilegal de servicio público, el servidor público que "[t]eniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las personas o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado". Al respecto, esta Suprema Corte entiende que esta modalidad delictiva, prevista en la fracción IV del artículo 259 del Código Penal para el Distrito Federal, constituye un delito de resultado material, pues para su comisión se requiere una modificación en el mundo fáctico que afecte el bien jurídico tutelado por la norma, consistente en la debida prestación del servicio público. Además, la forma comisiva de este delito es la comisión por omisión, toda vez que el resultado material se produce al haber incumplido el sujeto activo el deber que los servidores públicos tienen, por razones del cargo, de proteger personas u objetos que se encuentran bajo su cuidado, lo que significa que el sujeto activo no evitó la producción del resultado material estando obligado a ello.
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Registro digital (IUS): 2018948
Clave: P. III/2018 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Instancia: Pleno
Localización: [TA]; 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 62, Enero de 2019; Tomo I; Pág. 467
Amparo directo 61/2014. Alejandro Garniño Tejeda y otro. 30 de octubre de 2017. Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.Amparo directo 14/2015. Juan Manuel García Chávez. 30 de octubre de 2017. Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.Amparo directo 15/2015. Ángel Muñoz Rico. 30 de octubre de 2017. Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.Amparo directo 16/2015. Sergio Figueroa Hernández. 30 de octubre de 2017. Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.El Tribunal Pleno, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, aprobó, con el número III/2018 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho.
Interpretación práctica por el equipo de SDV
Tesis obtenida del Semanario Judicial de la Federación (SJF) de la SCJN.
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Art. I.9o.P.231 P (10a.). TORTURA. SI EL QUEJOSO REFIERE ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO QUE FUE OBJETO DE DICHOS ACTOS POR LOS POLICÍAS QUE LO DETUVIERON PARA QUE ACEPTARA LOS HECHOS IMPUTADOS, Y EN SU DECLARACIÓN MINISTERIAL NO CONFIESA SU PARTICIPACIÓN EN ELLOS, ES IMPROCEDENTE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE INVESTIGUEN COMO VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS, POR LO QUE SÓLO DEBE DARSE VISTA A LA REPRESENTACIÓN SOCIAL PARA QUE SE INVESTIGUEN COMO DELITO.
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Art. P. IV/2018 (10a.). IN DUBIO PRO REO. OBLIGACIONES QUE IMPONE ESTE PRINCIPIO A LOS TRIBUNALES DE AMPARO.
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