Se establece una pena de prisión para quienes usen fuerza o intimidación contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Este artículo protege la integridad de los servidores públicos.
- Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones.
Interpretación práctica por el equipo de SDV
Cualquier intento de intimidar a un funcionario puede resultar en consecuencias legales, lo que puede complicar tu situación si necesitas interactuar con la autoridad.
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