Los funcionarios públicos que celebren matrimonios ilegales enfrentan penas de dos a cinco años de prisión. Este artículo busca sancionar a quienes abusan de su autoridad para realizar matrimonios no válidos.
Autorización ilegal de matrimonio El funcionario público que, a sabiendas, celebra un matrimonio ilegal será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años e inhabilitación de dos a tres años conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 3. Si el funcionario público obra por culpa, la pena será de inhabilitación no mayor de un año, conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 3.
Interpretación práctica por el equipo de SDV
Los funcionarios que celebren matrimonios sin cumplir con la ley pueden ser procesados penalmente, lo que puede llevar a inhabilitación y afectar su carrera. Es esencial que los funcionarios sigan los procedimientos legales para evitar sanciones.
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