El funcionario que patrocina intereses particulares ante la administración pública enfrenta penas de hasta dos años. Este artículo busca evitar conflictos de interés en la función pública.
Patrocinio ilegal El que, valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público, patrocina intereses de particulares ante la administración pública, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio comunitario de veinte a cuarenta jornadas. Ver jurisprudencia aquí .
Interpretación práctica por el equipo de SDV
El patrocinio ilegal puede llevar a sanciones penales, lo que obliga a los funcionarios a mantener una clara separación entre sus responsabilidades públicas y los intereses privados.
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