El Ejecutivo rendirá cuentas a la Asamblea Legislativa Plurinacional de los motivos que dieron lugar a la declaración del estado de excepción, así como del uso que haya hecho de las facultades conferidas por la Constitución y la ley. Quienes violen los derechos establecidos en esta Constitución serán objeto de proceso penal por atentado contra los derechos. Los estados de excepción serán regulados por la ley.
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