La Ley establece el orden público y la protección de la integridad personal frente a la tortura y tratos crueles. Todas las autoridades deben garantizar estos derechos en el territorio nacional.
La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento el derecho de toda persona a que se respete su integridad personal, protegiéndosele contra cualquier acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Interpretación práctica por el equipo de SDV
[IA] Este artículo es fundamental para entender el marco de protección de derechos humanos en México. Es esencial que las autoridades conozcan sus obligaciones para prevenir actos de tortura.
Nuestros especialistas pueden analizar cómo aplica esta disposición a tu situación particular.
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