Tesis aislada · Décima Época · Tribunales Colegiados de Circuito
El artículo 19, primer párrafo, de la Ley de Amparo, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de agosto de 2005, establecía: "... Las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, pero sí podrán, por medio de simple oficio, acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen y hagan promociones.", con lo cual queda claro que dicha disposición prohibía expresamente la representación de las responsables en el amparo. Sin embargo, con motivo de la reforma publicada en el señalado medio de difusión el 17 de abril de 2009, la indicada porción normativa del citado numeral establece: "Las autoridades responsables podrán ser representadas en todos los trámites dentro del juicio de amparo en los términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, por medio de oficio, podrán acreditar delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley."; lo que significa que a partir de que entró en vigor esta última modificación se eliminó aquella restricción. Por ende, la autoridad que comparezca al juicio de amparo en representación de la responsable, debe justificar tal facultad invocando la disposición legal que se la otorgue; de lo contrario, no se le puede reconocer la calidad con que se ostente.PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
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Registro digital (IUS): 2000509
Clave: XXI.1o.P.A.1 K (10a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro VII, Abril de 2012; Tomo 2; Pág. 1703
Incidente de suspensión (revisión) 480/2011. Inmobiliaria y Constructora Daroel, S.A. de C.V. 8 de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretario: Ernesto Fernández Rodríguez.
Interpretación práctica por el equipo de SDV
Tesis obtenida del Semanario Judicial de la Federación (SJF) de la SCJN.
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Art. IV.1o.A.6 A (10a.). AUMENTO DE VALOR Y MEJORÍA ESPECÍFICA DE LA PROPIEDAD. LOS ARTÍCULOS 41 BIS-17 Y 41 BIS-18, DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, SON VIOLATORIOS DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, AL ESTABLECER COMO BASE GRAVABLE DE LA CONTRIBUCIÓN, EL COSTO TOTAL DE LA OBRA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL AÑO DOS MIL NUEVE).
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Art. 2a./J. 22/2012 (10a.). CLAUSURA PROVISIONAL DICTADA EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. LA RESOLUCIÓN INTERMEDIA QUE LA DECRETA COMO MEDIDA DE SEGURIDAD O PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
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