Tesis aislada · Décima Época · Segunda Sala
El citado precepto es inconstitucional al exceder lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes, por lo que no son considerados constitucionalmente como trabajadores al servicio del Estado sino que sus relaciones con el poder público deben considerarse de naturaleza administrativa y no laboral, lo que resulta suficiente para sostener que los agentes de Policía de Tránsito del Estado de Chihuahua no son funcionarios y empleados de confianza, aunado a que el indicado precepto constitucional también determina que cuando su separación, remoción, baja, cese o cualquier forma de terminación haya sido injustificada, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho. En ese tenor, cuando un agente demanda un despido injustificado, éste no debe ser analizado por la autoridad responsable a la luz del artículo 75, inciso b), del Código Administrativo de la entidad, sino conforme al segundo párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal y, en caso de obtener sentencia favorable, ya sea por vicios de procedimiento que propician su reposición o por una decisión de fondo, hacer efectiva la obligación resarcitoria del Estado a través de la condena del pago de la indemnización correspondiente y de las demás prestaciones a que tenga derecho, estas últimas interpretadas por esta Segunda Sala en la tesis 2a. LX/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO ‘Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO’, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008."
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Registro digital (IUS): 2001225
Clave: 2a. LXVI/2012 (10a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Instancia: Segunda Sala
Localización: [TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012; Tomo 1; Pág. 1001
Amparo directo en revisión 685/2012. Miguel Ángel Rossell Hernández. 9 de mayo de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Erika Francesca Luce Carral.Amparo directo en revisión 994/2012. Julio César Valdez Mares. 9 de mayo de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Erika Francesca Luce Carral.Amparo directo en revisión 1344/2012. Israel Rodríguez Ochoa. 11 de julio de 2012. Unanimidad de cuatro votos; José Fernando Franco González Salas votó con salvedad. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar.Nota: La tesis aislada 2a. LX/2011 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, junio de 2011, página 428.
Interpretación práctica por el equipo de SDV
Tesis obtenida del Semanario Judicial de la Federación (SJF) de la SCJN.
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Art. I.4o.(I Región) 2 A (10a.). AGENTES DE LA POLICÍA FEDERAL INVESTIGADORA. CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE DECRETE SU REMOCIÓN POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TÉRMINOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO, EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 56/2007).
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