Tesis aislada · Décima Época · Tribunales Colegiados de Circuito
En el artículo 22 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado se distribuyen las cargas probatorias dentro del procedimiento indemnizatorio y, al efecto, se prevé que corresponde al reclamante demostrar la responsabilidad del Estado que causó lesión en su patrimonio. Por otra parte, establece que en el Estado recae la obligación de acreditar que el daño no deriva de su actividad administrativa irregular, ya sea porque es consecuencia de la acción de un tercero o del propio reclamante, o bien, que se generó por caso fortuito o fuerza mayor, incluso porque se trata de un menoscabo que está jurídicamente obligado a soportar. La redacción del artículo atiende a una lógica simple, consistente en que debe demostrarse primeramente que en el patrimonio del particular se generó un daño como consecuencia de una actuación administrativa irregular, y sólo comprobado esto último será posible analizar las causas eximentes de responsabilidad. Entonces, los elementos que debe demostrar la parte reclamante, como son: la existencia del daño en su patrimonio y el nexo causal entre éste y la actividad del Estado, son elementos sustantivos que deben colmarse para que se dicte una resolución favorable, ya que aun cuando, en algunos casos, el tema relativo a la titularidad sobre un bien envuelve un aspecto de legitimación y, por ende, un presupuesto para dar trámite al procedimiento, en la hipótesis de que se trata ese tópico constituye un requisito para que se reconozca el derecho pretendido, toda vez que no se justificaría resarcir un daño que no recayó en el patrimonio de quien pretende la indemnización.PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
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Registro digital (IUS): 2006319
Clave: I.1o.A.63 A (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 5, Abril de 2014; Tomo II; Pág. 1622
Amparo directo 49/2014. Fernando Federico Rodríguez López. 6 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Paúl Francisco González de la Torre.
Interpretación práctica por el equipo de SDV
Tesis obtenida del Semanario Judicial de la Federación (SJF) de la SCJN.
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Art. XVII.2o.P.A.8 A (10a.). SEGURIDAD PRIVADA PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LOS ARTÍCULOS 8 Y 27 DE LA LEY RELATIVA, AL EXIGIR PAGAR LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES Y OTORGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, NO TRANSGREDEN LOS ARTÍCULOS 150, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA NI 21, NOVENO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DADO QUE NO EXCEDEN LOS REQUISITOS PREVISTOS AL EFECTO EN LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA.
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