Tesis aislada · Undécima Época · Tribunales Colegiados de Circuito
La información consistente en los nombres de los permisionarios de armas de fuego relacionadas con el desarrollo de actividades deportivas, de tiro, cacería y charrería, actualiza la excepción de guardar los datos personales prevista en la fracción XII del artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (abrogada), que señala que se trata ésta de información pública cuya divulgación es incluso de oficio. Si bien la posesión de armas de fuego en el domicilio (artículo 10 de la Constitución Federal) es un derecho fundamental para todas las personas en el Estado Mexicano, tratándose de armas relacionadas con el desarrollo de actividades deportivas, de tiro, cacería y charrería –lo que involucra tanto una posesión como una portación– tal derecho sólo puede ser ejercido cuando así lo autorice la autoridad, en términos de los artículos 10 y 19 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por lo que se trata de actividades que salen del libre ejercicio, insertándose dentro de aquellas que resulta necesaria autorización y sin ésta la portación es considerada como ilícita. Por ello, el dato de quienes han sido autorizados para esta actividad es un dato público y de publicación oficiosa, para lo cual no se precisa del conocimiento de los autorizados o permisionarios, aun cuando, como toda información pública, puedan actualizarse causas legales de reserva de la información que justifiquen desplazar en el tiempo el acceso de la misma.SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
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Registro digital (IUS): 2023246
Clave: I.6o.A.19 A (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Localización: [TA]; 11a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 2, Junio de 2021; Tomo V; Pág. 4958
Amparo en revisión 1/2018. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 16 de mayo de 2019. Unanimidad de votos; mayoría en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy, con voto concurrente del Magistrado Salvador González Baltierra. Secretario: Alberto Ramírez Jiménez. Amparo en revisión 50/2018. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 30 de mayo de 2019. Unanimidad de votos; mayoría en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy, con voto concurrente del Magistrado Salvador González Baltierra. Secretario: Alberto Ramírez Jiménez. Amparo en revisión 60/2018. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 30 de mayo de 2019. Unanimidad de votos; mayoría en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy, con voto concurrente del Magistrado Salvador González Baltierra. Secretario: Alberto Ramírez Jiménez. Amparo en revisión 49/2018. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 6 de junio de 2019. Unanimidad de votos; mayoría en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy, con voto concurrente del Magistrado Salvador González Baltierra. Secretario: Alberto Ramírez Jiménez. Amparo en revisión 427/2019. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 22 de noviembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Maribel Castillo Moreno, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Alberto Ramírez Jiménez.
Interpretación práctica por el equipo de SDV
Tesis obtenida del Semanario Judicial de la Federación (SJF) de la SCJN.
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Art. I.9o.P.326 P (10a.). REGISTRO NACIONAL DEL DELITO DE TORTURA (RENDET). LA OMISIÓN DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA DE ESTABLECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA NECESARIA PARA SU OPERACIÓN, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO Y, EN VÍA DE CONSECUENCIA, LA DEL FISCAL ESPECIAL EN INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE TORTURA, DE INSCRIBIR A LA VÍCTIMA DE ÉSTA O DE MALOS TRATOS EN EL RENDET, ACTUALIZAN UNA OMISIÓN ABSOLUTA EN UNA COMPETENCIA DE CARÁCTER OBLIGATORIO.
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Art. PC.I.A. J/169 A (10a.). REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO QUE RESUELVE LA ACCIÓN DE EXCLUSIÓN DE UNA PROPIEDAD PARTICULAR ENCLAVADA DENTRO DE LOS TERRENOS CONFIRMADOS Y TITULADOS A FAVOR DE UNA COMUNIDAD AGRARIA, PORQUE LA DEMANDA O EVENTUAL CONDENA A LA RESTITUCIÓN DE LA SUPERFICIE EN LITIGIO, POR SU NATURALEZA, NO ES EQUIPARABLE A LAS CONTROVERSIAS PREVISTAS EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS.
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