Tesis aislada · Sexta Época · Segunda Sala
Las Salas Fiscales tienen atribuciones para anular el requerimiento administrativo, pero sólo fundándose en que tal requerimiento no llena los requisitos que establecen los artículos 95, 117 y 130 de la Ley de Instituciones de Fianzas, y no están facultadas para estimar ilegal el acto administrativo apoyándose, única y exclusivamente, en la circunstancia de que, con arreglo al Código Penal o Procedimientos Penales, deba reputarse ilegal el auto que ordenó el cobro de la póliza, puesto que la ilegalidad del acuerdo judicial correspondiente es un tema que incumbe a la autoridad penal o, en su caso , al Juez del amparo, más no al tribunal de competencia administrativa. Cuando no se reclama directamente la ilegalidad propia de la resolución de la tesorería, sino que se pretende concluir la invalidez de esta resolución sólo del hecho de que es contraria a la ley una actuación que se realizó en la esfera penal, resulta palpable que el Tribunal Contencioso Administrativo carece de facultades para resolver el problema así planteado.
---
Registro digital (IUS): 802208
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Instancia: Segunda Sala
Localización: [TA]; 6a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; Volumen XXV, Tercera Parte; Pág. 54
Amparo en revisión 3305/57. Afianzadora Mexicana, S. A. 8 de julio de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez.
Interpretación práctica por el equipo de SDV
Tesis obtenida del Semanario Judicial de la Federación (SJF) de la SCJN.
Anterior
Art. VI.3o.A. J/2 (10a.). PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES.
Siguiente
Art. IUS 802211. PROMOCIONES POR CORREO. ARTICULO 25 DE LA LEY DE AMPARO. INTERPRETACION.
Nuestros especialistas pueden analizar cómo aplica esta disposición a tu situación particular.
Consulta Sin Costo