Artículo I.6o.P.35 P (10a.). INDÍGENA CON CARÁCTER DE INCULPADO. LA RECOPILACIÓN OFICIOSA DE AQUELLOS ELEMENTOS QUE PERMITAN VALORAR SUS COSTUMBRES Y ESPECIFICIDADES CULTURALES PARA HACER EFECTIVO SU DERECHO AL PLENO ACCESO A LA JURISDICCIÓN, ES PARTE DE LAS FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO, POR LO QUE LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE LLEVARLA A CABO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES ESENCIALES DE ÉSTE QUE AFECTA A LAS DEFENSAS DE AQUÉL.

INDÍGENA CON CARÁCTER DE INCULPADO. LA RECOPILACIÓN OFICIOSA DE AQUELLOS ELEMENTOS QUE PERMITAN VALORAR SUS COSTUMBRES Y ESPECIFICIDADES CULTURALES PARA HACER EFECTIVO SU DERECHO AL PLENO ACCESO A LA JURISDICCIÓN, ES PARTE DE LAS FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO, POR LO QUE LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE LLEVARLA A CABO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES ESENCIALES DE ÉSTE QUE AFECTA A LAS DEFENSAS DE AQUÉL.

Conforme al artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho al pleno acceso a la jurisdicción del Estado, y para garantizarlo en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, deberán tomarse en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, teniendo en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura; por tanto, el Estado es quien tiene la obligación de garantizar un plano de igualdad entre las normas y las especificidades de la persona indígena sometida a su jurisdicción, y no ésta quien deba renunciar al reconocimiento de sus especificidades, costumbres y cultura, en la aplicación de las leyes estatales. En ese tenor, cuando opera el acceso de la jurisdicción estatal para conocer de un asunto penal, y el inculpado tiene reconocida su calidad de indígena goza, entre otros, de los siguientes derechos: a) expresarse en su propio idioma ante el órgano jurisdiccional que lo está juzgando y a que éste le designe un intérprete-traductor durante la tramitación del juicio; b) ser asistido por un defensor con conocimiento de su lengua y cultura y, c) que sus costumbres y especificidades culturales sean reconocidas y ponderadas por el juzgador, quien tiene la obligación de allegarse, para la toma de decisiones, de las periciales antropológicas, culturales, y jurídico-antropológicas pertinentes, apoyándose, incluso, en las opiniones de miembros de la comunidad indígena con reconocido prestigio en el conocimiento de los usos y costumbres de su comunidad, o de cualquier otro medio que le permita adquirir esa información y que resulte necesaria para emitir sentencia; derechos que deben ser garantizados antes de dictarse ésta, pues sólo así es tangible el principio de igualdad formal del derecho estatal, ante la desigualdad de facto que se presenta entre la comunidad indígena y el resto de la composición pluricultural que forma la Nación Mexicana. De ahí que la recopilación oficiosa de aquellos elementos que permitan valorar las costumbres y especificidades culturales de los indígenas para hacer efectivos los mencionados derechos sea parte de las formalidades esenciales del procedimiento, pues con su operatividad, el inculpado sabrá y entenderá -en la lengua o idioma que hable y comprenda- la naturaleza de la acusación, el hecho punible que se le atribuye y podrá defenderse al tener una comunicación clara y expedita con su defensor, los testigos, el órgano acusador y el tribunal que lo está juzgando. Consecuentemente, conforme al artículo 160, fracciones II, VI y XVII, de la Ley de Amparo, la omisión del juzgador de allegarse de esos elementos para hacer efectivos dichos derechos indígenas constituye una violación a las leyes del procedimiento que afecta las defensas del inculpado.SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

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Registro digital (IUS): 2003595

Clave: I.6o.P.35 P (10a.)

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013; Tomo 3; Pág. 1830

Precedentes

Amparo directo 391/2012. 6 de diciembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Lara Hernández. Secretario: Gerardo Flores Zavala.