Artículo VI.1o.P.30 P (10a.). AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN AMPARO DIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA EN UN PROCESO PENAL, QUE IMPONGA PENA DE PRISIÓN, AQUÉLLA PROCEDE HASTA ANTES DEL ACUERDO QUE CIERRA LA INSTRUCCIÓN, QUE ES EL QUE ORDENA TURNAR LOS AUTOS AL RELATOR (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 13/2003 DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LOS ASUNTOS TRAMITADOS A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN AMPARO DIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA EN UN PROCESO PENAL, QUE IMPONGA PENA DE PRISIÓN, AQUÉLLA PROCEDE HASTA ANTES DEL ACUERDO QUE CIERRA LA INSTRUCCIÓN, QUE ES EL QUE ORDENA TURNAR LOS AUTOS AL RELATOR (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 13/2003 DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LOS ASUNTOS TRAMITADOS A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 13/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN EN AMPARO DIRECTO. CUANDO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA LA LEY NO FIJE PLAZO, AQUÉLLA PROCEDE HASTA ANTES DEL ACUERDO QUE CIERRA LA INSTRUCCIÓN, QUE ES EL QUE ORDENA TURNAR LOS AUTOS AL RELATOR.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, página 13, reconoció como legal la posibilidad de que el quejoso amplíe su demanda de amparo directo en materias como la penal, fijando como plazo de preclusión el acuerdo de turno al relator, lo que implica el cierre de la instrucción en el juicio de amparo; dicho criterio fue emitido teniendo como uno de los puntos de análisis, el que para este tipo de asuntos, la Ley de Amparo abrogada no establece plazo para acudir al juicio constitucional, considerando, por una parte, que ese derecho no podía operar ilimitadamente, pues ello retardaría la resolución de los respectivos juicios de amparo y, por otra, que no podía excluirse del beneficio al quejoso en dicha materia, respecto del cual, incluso, debe suplirse la deficiencia de la queja. Ahora bien, el hecho de que el artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, en los casos en que se reclama la sentencia definitiva condenatoria dictada en un proceso penal que impone pena de prisión, establezca un plazo de hasta ocho años para presentar la demanda, no impide que la referida jurisprudencia siga vigente, y pueda aplicarse en los asuntos tramitados a partir del 3 de abril de 2013, por dos razones fundamentales: la primera por no oponerse a la ley de la materia vigente, en términos de su artículo sexto transitorio, toda vez que de la lectura del citado cuerpo normativo, para este tipo de asuntos no se advierte algún precepto que fije un plazo para la ampliación de la demanda distinto al considerado por el Pleno del Máximo Tribunal del País, pues ni siquiera se fijó alguno; la segunda, porque aun cuando en la ley vigente se ha fijado un plazo para la presentación de la demanda de amparo directo contra este tipo de asuntos y, por tanto, ya no es indeterminado, sería ilógico establecer que dicha ampliación pueda presentarse hasta antes de que fenezca éste, pues ello equivale a permitir que ese derecho opere ilimitadamente, y que ello retarde la resolución de los respectivos juicios de amparo; en consecuencia, en estos casos, el auto del presidente del Tribunal Colegiado de Circuito por el que turna el expediente al Magistrado relator para que formule por escrito el proyecto de resolución correspondiente, cierra la instrucción de los juicios de amparo directo y, por tanto, tiene efectos de citación para sentencia, por lo que es éste el momento en que precluye el derecho del quejoso para ampliar su demanda.PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.

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Registro digital (IUS): 2010694

Clave: VI.1o.P.30 P (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 25, Diciembre de 2015; Tomo II
; Pág. 1216

Precedentes

Recurso de reclamación 7/2015. 2 de julio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Torres Pérez. Secretaria: Marcela Aguilar Loranca.