El funcionario que demora injustificadamente un pago puede ser sancionado con hasta dos años de prisión. Este artículo busca garantizar la eficiencia en la administración pública.
Retardo injustificado de pago El funcionario o servidor público que, teniendo fondos expeditos, demora injustificadamente un pago ordinario o decretado por la autoridad competente, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años. Ver jurisprudencia aquí .
Interpretación práctica por el equipo de SDV
El retardo en los pagos puede afectar la operación de proveedores y la imagen de la administración pública, lo que puede generar conflictos y desconfianza.
Nuestros especialistas pueden analizar cómo aplica esta disposición a tu situación particular.
Consulta Sin Costo