Este programa busca garantizar el acceso a información clara sobre bienes y servicios, promover relaciones de consumo justas, y fortalecer la defensa de los derechos de los consumidores. Se hace referencia a diversos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Constitución, que establecen la rectoría del Estado en esta materia. Las acciones se financiarán con los recursos del presupuesto federal asignados a la Profeco, de acuerdo con el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Resumen
Se publicó el Programa Institucional de la Procuraduría Federal del Consumidor 2026-2030, que establece objetivos y estrategias para mejorar la protección al consumidor en México.
Texto completo
PROGRAMA Institucional de la Procuraduría Federal del Consumidor 2026-2030. Al margen un logotipo, que dice: Procuraduría Federal del Consumidor. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 2026-2030 1. Índice
1. Índice 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa 3. Siglas y acrónimos 4. Fundamento normativo 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo 6. Objetivos 6.1 Relevancia del objetivo 1: Garantizar el acceso a información adecuada y clara sobre bienes, productos, servicios y derechos de las personas consumidoras. 6.2 Relevancia del objetivo 2: Impulsar relaciones de consumo justas por parte de los proveedores de bienes, servicios y productos. 6.3 Relevancia del objetivo 3: Fortalecer los mecanismos para la defensa de los derechos de las personas consumidoras. 6.4 Relevancia del objetivo 4: Fomentar una cultura de consumo responsable y sostenible basada en la educación y divulgación de información. 6.5 Relevancia del objetivo 5: Fortalecer el desempeño institucional de la Profeco para la atención de las personas consumidoras, con énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad y las nuevas generaciones. 6.6 Vinculación de los objetivos del Programa Institucional de la Procuraduría Federal del Consumidor 2026-2030. 7. Estrategias y líneas de acción 8. Indicadores y metas Referencias 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa
La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio respectivo. Por lo que atañe a la Procuraduría Federal del Consumidor, cuenta con Programas presupuestarios sustantivos alineados al cumplimiento de los objetivos institucionales, así como con Programas presupuestarios de apoyo, enfocados en facilitar la operatividad interna de la institución. 3. Siglas y acrónimos
APF: Administración Pública Federal. CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ENCOAP: Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública. ENDUTIH: Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. FMI: Fondo Monetario Internacional. Gas L.P.: Gas Licuado de Petróleo. INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ISeD: Índice de Seguimiento al Desempeño. LFPC: Ley Federal de Protección al Consumidor. LNPC: Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor. OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ODECO: Oficinas de Defensa del Consumidor. PACIC: Paquete Contra la Inflación y la Carestía. PND: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Profeco: Procuraduría Federal del Consumidor. Programa: Programa Institucional de la Procuraduría Federal del Consumidor 2026-2030. PSE: Programa Sectorial de Economía 2025-2030. RPCE: Registro Público de Casas de Empeño. RPFC: Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor. 4. Fundamento normativo
El Proyecto de Nación se materializa en el PND, documento rector mediante el cual el Gobierno de México define los objetivos, estrategias y prioridades nacionales para dar continuidad a la transformación del país, orientándola hacia un desarrollo con bienestar, justicia social, sustentabilidad y una visión global e incluyente. En apego al artículo 25 de la CPEUM, el 15 de abril de 2025 se publicó en el DOF el PND, que establece que el desarrollo económico y social debe sustentarse en el fortalecimiento de la capacidad de consumo, el crecimiento con justicia, la competitividad, la generación de empleo digno, la equidad social y el bienestar de las familias mexicanas. En el marco del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, conforme a lo previsto en el artículo 26, apartado A, segundo párrafo de la CPEUM; 9o., 17, fracción II, 22, 24, 27, 28 y 29, párrafo tercero, de la Ley de Planeación; 1o., 2o., 11, 47, 48, 49 y 59, fracción II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 22 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las dependencias y entidades de la APF deben elaborar programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales, alineados con las prioridades del PND y evaluados mediante indicadores y metas que midan su impacto. Particularmente, el artículo 24 de la Ley de Planeación establece que los programas institucionales deben sujetarse al PND y al Programa Sectorial correspondiente. En este sentido, la Secretaría de Economía, como dependencia coordinadora de sector, publicó en el DOF el PSE el 22 de diciembre de 2025. En congruencia con este marco jurídico y en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 17 de la Ley de Planeación, la Profeco elabora y presenta su Programa, que establece los objetivos estratégicos, estrategias y líneas de acción de mediano plazo, con el propósito de consolidarse como una institución garante de la protección efectiva de los derechos de las personas consumidoras. Este mandato se refuerza con lo dispuesto en el artículo 28 de la CPEUM, que reconoce la rectoría del Estado en la protección de las personas consumidoras, así como en los preceptos de la LFPC. En particular, el artículo 20 de la LFPC define a la Profeco como un organismo descentralizado de servicio social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, facultado para promover y proteger los derechos e intereses de las personas consumidoras y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones de consumo. Aunado a lo anterior, obedece al artículo 19 de la LFPC y artículo 9 del RPFC, respecto a la Política de Protección al Consumidor que constituye uno de los instrumentos sociales y económicos del Estado para proteger y promover los intereses de la población consumidora. Con el propósito de fomentar la transparencia y la confianza ciudadana, se señala que la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Profeco es la unidad administrativa responsable de coordinar la publicación, seguimiento y reporte de avances y resultados del presente Programa, conforme a lo señalado en el artículo 21, fracciones I, III y VI del RPFC. Asimismo, la LFPC y el RPFC establecen la obligación de planear y organizar sus funciones a través de sus oficinas centrales y las ODECO, garantizando cobertura nacional y cercanía con la población. En consecuencia, el Programa se sustenta en la CPEUM, la Ley de Planeación, la LFPC y su Reglamento, el PND y el PSE, asegurando coherencia normativa, alineación con los objetivos de la Cuarta Transformación y la consolidación de un Estado que coloca a las personas en el centro de las relaciones de consumo al garantizar su derecho a consumir de manera justa, informada, segura y sustentable. 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo
5.1 Diagnóstico de la situación actual Las relaciones de consumo son relaciones de poder, por lo que no deben entenderse como simples relaciones contractuales entre iguales, sino como vínculos sociales y económicos caracterizados por una asimetría estructural. Las personas proveedoras ejercen poder al estructurar los términos en los contratos, la información disponible y las posibilidades de elección de las personas consumidoras. Así, el mercado no es un espacio neutral, sino un escenario de relaciones sociales en el que las personas consumidoras suelen enfrentar sesgos de información, menor poder de negociación y limitadas opciones reales de elección, lo que los pone en una situación de vulnerabilidad. Ante esta problemática central, la asimetría en las transacciones de consumo se acentúa con el poder del mercado que ejercen las empresas. De acuerdo con el FMI (1) , el creciente poder de mercado de las empresas puede traer un impacto negativo en el crecimiento económico y los ingresos de las personas, principalmente ante el aumento de los mercados globales. Estudios recientes del FMI (2) han mostrado un aumento en los márgenes de beneficio globales, esto es, lo que cobra una empresa por sus productos en comparación con lo que le cuesta producirlos, en más del 30%, en promedio, desde 1980, por lo que es necesario implementar diversas políticas públicas para preservar el vigor de la competencia en el mercado. De esta manera, la importancia de atención a este problema radica en que el consumo constituye uno de los principales motores de la economía nacional, al representar alrededor de 71% del Producto Interno Bruto (PIB) (3) . Su relevancia no se limita al crecimiento económico, sino que se refleja en la vida cotidiana de millones de hogares generando mejores condiciones de consumo, en la competitividad de las empresas y en la estabilidad del mercado interno. Factores como la información asimétrica en los mercados, la publicidad engañosa, la presencia de productos que podrían poner en riesgo la salud o integridad de las personas, las prácticas comerciales abusivas y las brechas digitales generan entornos de vulnerabilidad que afectan de manera directa a la ciudadanía y propician relaciones de consumo en condiciones de inequidad y poca transparencia. Este diagnóstico se centra en identificar y analizar los problemas públicos asociados a las relaciones de consumo, entendidos como situaciones que limitan la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas, justas y responsables en el mercado. Además, retoma los principios que establece la LFPC, así como los principios para buenas prácticas comerciales de las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor (4) . Reconocer estos desafíos constituye el primer paso para plantear objetivos y estrategias que garanticen un entorno de consumo más seguro, sostenible y orientado al bienestar social y económico del país. En los últimos años, las relaciones de consumo en México han experimentado transformaciones profundas impulsadas por factores tecnológicos, económicos y culturales. Estas dinámicas han consolidado al consumo como un motor central de la economía nacional, pero al mismo tiempo, han abierto nuevas áreas de vulnerabilidad para las personas consumidoras. La digitalización de los mercados, la creciente orientación hacia la sostenibilidad y la expansión del comercio electrónico son hoy fenómenos que no solo redefinen la forma en que se adquieren bienes y servicios, sino que también plantean retos en materia de equidad, transparencia y acceso a la información. La primera tendencia corresponde a la digitalización del mercado. Con más del 83% de la población conectada a internet en 2024 (5) - equivalente a 100.2 millones de personas - , el consumo digital ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en un componente esencial de la vida económica. Plataformas de comercio electrónico, servicios de entrega y aplicaciones financieras han modificado la forma en que proveedores y personas consumidoras interactúan, al tiempo que han introducido nuevos riesgos relacionados con la seguridad de datos, la publicidad engañosa y el acceso desigual a tecnologías digitales. En segundo lugar, se observa una creciente orientación hacia la sostenibilidad. Los datos de seguimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12 sobre producción y consumo responsables muestran avances significativos en la incorporación de prácticas ambientales en los hogares, como la separación de residuos o la reducción en el uso de plásticos de un solo uso (6) . Esta tendencia marca un cambio en los patrones de consumo tradicionales, aunque todavía convive con prácticas de consumismo intensivo y sobreendeudamiento. La tercera tendencia clave es la expansión del comercio electrónico, que ha situado a México como uno de los mercados con mayor crecimiento digital en América Latina. En 2023, el comercio electrónico representó 6.4% del PIB nacional (7) , con un valor agregado bruto de 2,047,362 millones de pesos a precios corrientes. Este dinamismo ha ampliado la oferta de bienes y servicios, mejorado el acceso a mercados globales y ha generado nuevas oportunidades económicas. Sin embargo, también ha multiplicado los riesgos de fraudes digitales, prácticas abusivas y asimetrías de información, que afectan de manera especial a personas consumidoras con baja educación financiera o acceso limitado a herramientas de verificación. En conjunto, estas tres tendencias muestran que el consumo en México no solo es un pilar macroeconómico, sino también un espacio de transformación tecnológica y cultural que redefine las relaciones entre proveedores y personas consumidoras. Los hábitos de consumo en México están determinados por una interacción compleja de factores económicos, sociales y tecnológicos. La ENDUTIH 2024 confirma que el acceso a internet alcanzó al 83.1% de la población, lo que equivale a 100.2 millones de personas; mientras que en las zonas rurales la penetración pasó de 56.5% en 2021 a 68.5% en 2024 (8) . Estas cifras evidencian avances importantes en cobertura digital, pero también reflejan la persistencia de brechas territoriales, ya que millones de personas en comunidades rurales e indígenas continúan en desventaja frente a las oportunidades que ofrece el entorno digital. Los registros internos de la Profeco refuerzan este diagnóstico al mostrar que casi el 70% de las visitas a los medios digitales de la institución provienen de la Ciudad de México. Esto indica que el acceso a información confiable sobre derechos de las personas consumidoras sigue estando concentrado de forma principal en áreas urbanas, mientras que en diferentes regiones del país se requiere promover acceso a información en línea. A ello se suma un problema de confianza social. La ENCOAP 2023 revela que solo el 53.1% de la población considera que sus solicitudes ciudadanas serían atendidas con imparcialidad (9) . Esta percepción limitada de equidad y transparencia en los procesos de atención ciudadana desalienta el uso de los mecanismos de defensa de las personas consumidoras y contribuye a que gran parte de la población opte por no presentar quejas formales, incluso cuando enfrenta abusos. En el contexto internacional, México se ubica en el lugar 55 de 69 economías (10) dentro del World Competitiveness Ranking 2025 del International Institute for Management Development , que si bien ha avanzado una posición respecto a 2024, aún existen áreas de oportunidad en las políticas gubernamentales y normatividad que regulan a las instituciones y el mercado, lo que puede derivar en fallas en el entorno económico. Lo anterior puede derivar en mayores asimetrías de mercado si no se continúa fomentando la regulación a favor de las personas consumidoras, más aún cuando los mercados digitales han emergido de manera súbita. En el ámbito específico de la defensa de las personas consumidoras, a nivel internacional se ha fomentado el uso de mecanismos de reclamación mediante plataformas digitales, como el caso de la Unión Europea (11) , lo cual representa un reto para el país, en el que algunos procedimientos siguen dependiendo de mecanismos presenciales o burocráticos, lo que limita su eficacia y accesibilidad. Aunque México ha avanzado en cobertura digital e impulsó a mecanismos alternativos de resolución de controversias, el avance de los mercados digitales hace que persistan desafíos para garantizar la confianza en las relaciones de consumo, principalmente en territorios y grupos etarios con menor apropiación tecnológica. Alcanzar estándares similares a los de economías con mayores niveles de protección a las personas consumidoras requerirá cerrar las brechas territoriales, fortalecer la educación digital y financiera, y mejorar los mecanismos de resolución de conflictos en beneficio de la ciudadanía. Derivado de varias décadas de implementación de políticas neoliberales, las relaciones de consumo en México se desarrollan en un entorno complejo marcado por asimetrías de información, prácticas comerciales abusivas, publicidad engañosa, productos que ponen en riesgo la salud o integridad de las personas y desigualdades en el acceso a mecanismos de defensa. Estos problemas limitan la capacidad de las personas consumidoras para ejercer plenamente sus derechos y tomar decisiones informadas. Sus efectos se traducen en pérdidas económicas para los hogares, debilitamiento de la competencia leal, riesgos para la salud pública y una creciente desconfianza hacia las instituciones. Comprender la naturaleza y magnitud de estos desafíos resulta indispensable para delinear estrategias que garanticen un mercado más justo, transparente y sostenible. En este contexto, con base en los artículos 4o. y 20 de la Ley de Planeación, referentes a la participación y consulta de los diversos grupos en el marco de la construcción de los programas que derivan del PND, la Profeco consideró una consulta en línea en la que convocó a participar a más de 110 actores de todas las entidades federativas para fortalecer las estrategias y líneas de acción que permitan contribuir a solventar estas problemáticas. Con este ejercicio de consulta, se logró contar con 44 aportaciones de actores sociales, empresariales, académicos y de la APF, de las ODECO, así como del Consejo Consultivo del Consumo de la Profeco. Con dichas aportaciones se constataron los desafíos actuales en la política de protección a las personas consumidoras ante una economía global y ante los avances tecnológicos; el impulso a transparentar información de productos, bienes y servicios sostenibles y no perjudiciales para la salud; mecanismos de defensa de derechos más eficaces, así como esquemas de regulación y protección ante el aumento del comercio digital, lo que en conjunto conlleve a mejorar la confianza del consumidor. A continuación, se presenta el diagnóstico para cada una de las principales problemáticas identificadas por la Profeco, las cuales dan origen al Programa. 5.1.1 Publicidad engañosa y productos inseguros o de mala calidad. La publicidad engañosa, que puede incluir información falsa, promesas exageradas o ambiguas, lleva a las personas consumidoras a tomar decisiones de compra equivocadas, lo que puede resultar en insatisfacción, riesgos para la salud y pérdidas económicas. Según el Informe Anual de Actividades de la Profeco 2023 (12) , una de cada tres quejas registradas ante la institución se relaciona con publicidad engañosa, etiquetado incompleto o información incorrecta en contratos, lo que refleja la magnitud de este fenómeno. Estos casos se presentan con frecuencia en sectores como telecomunicaciones, alimentos y bebidas, productos financieros y comercio electrónico, donde la opacidad en la información o la exageración en las promociones generan pérdidas económicas recurrentes para los hogares. Por su parte, la venta de productos inseguros o de mala calidad constituye un riesgo permanente. El LNPC ha realizado estudios de calidad en los que detectó irregularidades en alimentos básicos, bebidas alcohólicas, electrodomésticos y materiales escolares. En 2023, por ejemplo, Profeco ordenó el retiro de varias marcas de quesos y yogurts que no cumplían con los estándares de composición, engañando a las personas consumidoras que pagaron por productos distintos a lo que creían adquirir. Asimismo, se emitieron llamados a revisión de automóviles y electrodomésticos por defectos de fabricación que ponían en riesgo la seguridad de los usuarios. Este problema también tiene un impacto ambiental. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estima que cada persona en México genera 1.2 kilogramos de residuos sólidos urbanos al día, gran parte provenientes de envases y empaques de un solo uso promovidos por campañas publicitarias. Así, la publicidad no solo incide en decisiones económicas, sino que también fomenta patrones de consumo insostenible que contribuyen a la crisis ambiental y a la saturación de los sistemas de gestión de residuos. En resumen, la publicidad engañosa y la presencia de productos inseguros o de mala calidad constituyen un problema complejo y multidimensional. Sus efectos abarcan la economía familiar, la salud pública, la confianza en el mercado y la sostenibilidad ambiental. Atenderlo requiere fortalecer los mecanismos de supervisión, garantizar información clara y verificable para las personas consumidoras, y sancionar de manera efectiva a proveedores que incumplen con las normas de seguridad y transparencia. 5.1.2 Prácticas comerciales abusivas. Las prácticas comerciales abusivas constituyen un problema público que afecta la equidad en las relaciones de consumo y, por ende, los derechos de las personas consumidoras. Estas prácticas incluyen cláusulas contractuales injustas, cobros indebidos, ventas forzadas o con información incompleta, y omisión de datos relevantes sobre productos o servicios. En cuanto al número de quejas que se registraron al mes de marzo de 2024 (13) como producto de estas malas prácticas, los sectores de telecomunicaciones, tiendas departamentales y aerolíneas encabezaron la lista con más quejas en materia de consumo, con el 34, 16 y 15 por ciento, respectivamente, considerando los 25 proveedores de la iniciativa privada con más quejas registradas en la Profeco. En el caso de telecomunicaciones, los problemas más frecuentes incluyen cargos no reconocidos, incumplimiento en la velocidad contratada de internet y cláusulas que impiden la cancelación sin penalización, mientras que en el caso del sector de las aerolíneas se presentaron quejas relacionadas con cancelaciones unilaterales de vuelos, cobros por equipaje no incluidos en la tarifa y cambios de itinerario sin consentimiento. El alto grado de concentración en sectores estratégicos es un factor que agrava este problema. Según la OCDE, México mantiene niveles de concentración de mercado que limitan la competencia efectiva, no solo en el sector de telecomunicaciones, sino también en otros sectores como energía y servicios financieros (14) . Este contexto permite que proveedores con poder sustancial en el mercado impongan condiciones contractuales poco favorables para las personas consumidoras, quienes, ante la falta de alternativas reales, se ven obligados a aceptarlas. La concentración también inhibe la innovación, ya que las empresas dominantes no enfrentan suficiente presión competitiva para mejorar sus prácticas comerciales. A nivel productivo, las pequeñas y medianas empresas (PyMES) también son víctimas de prácticas abusivas por parte de grandes cadenas de distribución, que imponen condiciones de compra y pago inequitativas. Estudios realizados por la Comisión Federal de Competencia Económica (ahora Comisión Nacional Antimonopolio) documentan que proveedores locales enfrentan plazos de pago desproporcionados, descuentos obligatorios y exclusividades contractuales que deterioran su viabilidad financiera (15) . Estas condiciones no solo afectan la capacidad de crecimiento de las personas productoras locales, sino que también controlan y restringen la diversidad de la oferta disponible para las personas consumidoras, perpetuando un círculo de desigualdad económica y territorial. En suma, las prácticas comerciales abusivas constituyen un problema que afecta a toda la cadena de consumo. Para las familias mexicanas, representan gastos adicionales y frustración; para las empresas, un obstáculo a la competencia leal; y para la sociedad en su conjunto, una barrera al desarrollo de un mercado justo, dinámico y confiable. Atender este problema implica no solo sancionar los abusos existentes, sino también fortalecer la supervisión, reducir la concentración en sectores estratégicos y garantizar condiciones de equidad para las personas productoras y consumidoras. 5.1.3 Asimetría de información en las transacciones de consumo que requiere de mecanismos de defensa para las personas consumidoras. En las relaciones de consumo existe una asimetría de información que coloca a las personas consumidoras en desventaja frente a los proveedores, quienes suelen contar con mayor conocimiento sobre las características, calidad o condiciones reales de los bienes y servicios que ofrecen. Esta desigualdad informativa puede derivar en decisiones de consumo poco informadas y prácticas abusivas, por lo que resulta indispensable contar con mecanismos de defensa y protección que garanticen la equidad, la transparencia y el ejercicio pleno de los derechos de las personas consumidoras. De acuerdo con el Informe Anual de Actividades de la Profeco 2023 (16) , una de cada tres quejas recibidas por la institución se relaciona con contratos poco claros, cláusulas ambiguas o publicidad que omite información relevante. Esta opacidad no solo vulnera el derecho básico a la información, sino que también dificulta que las personas consumidoras puedan demostrar el incumplimiento de un proveedor durante un procedimiento de queja o arbitraje. Un caso recurrente son los contratos de adhesión, que concentran un alto número de controversias. En sectores como telecomunicaciones, por ejemplo, los contratos suelen redactarse con un lenguaje técnico y complejo que resulta inaccesible para la mayoría de la población. Otro ámbito de la asimetría de información se presenta en el entorno digital. El crecimiento del comercio electrónico y de los servicios digitales ha multiplicado los contratos electrónicos y los términos de servicio, que con frecuencia se extienden a decenas de páginas, sin que a la fecha exista regulación al respecto. La OCDE señala que la mayoría de los usuarios no lee ni comprende dichos documentos, lo que deja a las personas en una situación de riesgo frente a cobros indebidos, uso no autorizado de datos personales o condiciones de cancelación desfavorables (17) . Este problema se agrava cuando, en caso de controversia, las personas consumidoras deben presentar pruebas técnicas o legales para demostrar abusos, situación para la cual carecen de los recursos necesarios. Las consecuencias de la asimetría de información en la resolución de controversias son múltiples. En primer lugar, produce inequidad procesal, pues los proveedores cuentan con departamentos legales especializados que pueden defender sus intereses, mientras que las personas consumidoras enfrentan limitaciones de conocimiento y recursos. En segundo lugar, genera pérdidas económicas y de tiempo, ya que muchas personas consumidoras desisten de presentar quejas o abandonan los procedimientos al no contar con pruebas suficientes o por desconocer sus derechos. Finalmente, contribuye a la desconfianza hacia las instituciones encargadas de la defensa del consumidor, al percibirse que los mecanismos de resolución no garantizan condiciones equitativas para las partes. El etiquetado de alimentos y bebidas es un ejemplo ilustrativo. Antes de la entrada en vigor del etiquetado frontal de advertencia en 2020, el Instituto Nacional de Salud Pública encontró que más del 70% de la población no comprendía adecuadamente la información nutrimental en los empaques, lo que afectaba su derecho a elegir de manera informada (18) . En la práctica, esto se traducía en que las personas consumidoras adquirían productos distintos a lo que creían estar comprando, y al presentar quejas sobre incumplimiento, no contaban con elementos técnicos para demostrar su reclamo. En suma, la asimetría de información limita la efectividad de los mecanismos de defensa de las personas consumidoras en México. Su persistencia produce un círculo vicioso: las personas consumidoras no cuentan con información suficiente para prevenir abusos ni con herramientas adecuadas para resolverlos cuando ocurren, lo que deriva en pérdidas económicas, exclusión y una baja confianza en la posibilidad real de hacer valer sus derechos. Abordar este problema requiere estrategias integrales de transparencia, simplificación contractual y alfabetización digital, con el fin de equilibrar las condiciones en las que se desarrollan las controversias. 5.1.4 Desigualdad en la información para el desarrollo de una cultura de consumo informado, responsable y sostenible. La desigualdad en el acceso a información clara, veraz y oportuna representa un reto significativo para el desarrollo de una cultura de consumo informado, responsable y sostenible. Este problema se manifiesta en la existencia de brechas informativas entre distintos sectores de la población, especialmente aquellas personas consumidoras con menor nivel educativo, acceso limitado a tecnologías de la información o que residen en zonas rurales o de difícil acceso. De acuerdo con la ENDUTIH 2024, el acceso a internet alcanzó al 83.1% de la población nacional; sin embargo, en las zonas rurales, la penetración apenas llegó al 68.5%, lo que implica que más de una cuarta parte de la población rural sigue sin acceso pleno a herramientas digitales. Esta disparidad evidencia que, mientras en las grandes ciudades la digitalización abre nuevas oportunidades para informarse y presentar quejas en línea, en amplias regiones del país estas posibilidades permanecen limitadas o inexistentes. Los registros internos de la Profeco refuerzan este diagnóstico al mostrar que casi el 70% de las visitas a los medios digitales de la institución provienen de la Ciudad de México. Esta concentración geográfica demuestra que los canales digitales de atención no han logrado llegar de manera equitativa a todas las regiones del país. El resultado es que, mientras las personas consumidoras de zonas urbanas cuentan con acceso a información inmediata sobre derechos y mecanismos de defensa, las de comunidades rurales, indígenas o marginadas enfrentan obstáculos estructurales para acceder a información confiable y ejercer sus derechos. La desigualdad informativa no es únicamente territorial o geográfica. Grupos sociales en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres jefas de hogar y comunidades indígenas, suelen enfrentar barreras adicionales de tipo cultural, económico y educativo que limitan su capacidad para acceder a información clara y relevante. Esto se traduce en una exclusión diferenciada, donde los sectores con menor nivel educativo y menor conectividad digital permanecen más expuestos a abusos comerciales, fraudes digitales, productos que afectan la salud o seguridad de las personas y menor acceso a los mecanismos de defensa. Al mismo tiempo, la generación más joven se enfrenta a nuevos riesgos derivados de la digitalización del consumo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (ahora Comisión Reguladora de Telecomunicaciones) señala que más del 70% de adolescentes y jóvenes ha enfrentado publicidad engañosa, fraudes en línea o prácticas abusivas en plataformas digitales. Aunque este sector tiene un mayor acceso a internet y dispositivos móviles, su exposición constante a la publicidad digital y la falta de educación financiera los vuelve particularmente vulnerables a abusos y endeudamiento. En síntesis, la desigualdad en la información no solo impide el desarrollo de una cultura de consumo informado y responsable, sino que también profundiza las brechas sociales y territoriales existentes en el país. Avanzar hacia un modelo de consumo sostenible requiere garantizar acceso equitativo a información clara, fortalecer la educación digital y financiera, y ampliar la cobertura de los canales institucionales de defensa en todo el territorio. Solo de esta forma se podrá construir una ciudadanía consumidora empoderada, consciente y capaz de tomar decisiones que favorezcan tanto su bienestar como el de la sociedad en su conjunto. 5.1.5 Baja confianza en las instituciones públicas. Cuando la ciudadanía percibe falta de transparencia, eficacia o cercanía en las instituciones, disminuye su disposición a acudir a ellas para resolver conflictos o participar en procesos de mejora, por lo que se debilita la confianza y legitimidad de las instituciones. De acuerdo con la ENCOAP 2023 (19) , apenas el 53.1% de la población considera que sus solicitudes serían atendidas con imparcialidad. Este dato refleja una percepción extendida de que las instituciones públicas no siempre actúan de manera equitativa o eficiente frente a los reclamos ciudadanos. En el ámbito del consumo, esta falta de confianza se traduce en la decisión en muchos hogares de no presentar quejas formales, incluso cuando enfrentan abusos o incumplimientos por parte de proveedores. La baja confianza tiene raíces múltiples. En primer lugar, los procesos de atención y resolución de quejas suelen percibirse como lentos y burocráticos. Aunque la Profeco ha avanzado en la digitalización de servicios, gran parte de los procedimientos de arbitraje y conciliación aún requieren trámites presenciales o extensos tiempos de espera, lo que desincentiva a las personas consumidoras a iniciar un proceso. En segundo lugar, existe una percepción de asimetría en el poder de negociación entre personas consumidoras y grandes proveedores. Empresas con capacidad económica y departamentos legales especializados pueden prolongar los procesos o imponer sus propios términos, mientras que las personas consumidoras carecen de recursos para sostener un procedimiento largo. Esto genera la percepción de que las instituciones no logran equilibrar las condiciones entre las partes, reforzando la idea de indefensión ciudadana. En contraste, algunos avances muestran que es posible revertir esta tendencia. La digitalización parcial de los servicios de la Profeco, como las plataformas de Concilianet y Conciliaexprés, han permitido resolver controversias de manera más ágil y con menor costo para las personas consumidoras. Sin embargo, su cobertura sigue siendo limitada y concentrada en zonas urbanas. 5.2 Contribución al modelo de desarrollo del Segundo piso de la Transformación. El Segundo Piso de la Transformación es la guía de la Administración 2025 - 2030 para consolidar un modelo de desarrollo que se enfoca en el bienestar, justicia social y sustentabilidad. En la propuesta de cambio en el modelo económico, la promoción del consumo responsable e informado y el fortalecimiento del mercado interno son parte de la búsqueda del bienestar de las personas, a través de la garantía de los derechos y la justicia social. En este sentido, la Profeco asume el compromiso de empoderar a las personas consumidoras mediante la protección efectiva de sus derechos y el fomento de la confianza ciudadana; promover un consumo informado, responsable, sostenible, además de seguro y saludable, con el objetivo de corregir los comportamientos abusivos del mercado, equilibrar y consolidar el mercado interno y contribuir a la prosperidad compartida en el país. Asimismo, el Programa encuentra sustento en los Cien Compromisos para el Segundo Piso de la Transformación, documento rector que establece los grandes objetivos de la política pública durante el sexenio, a los cuales la Profeco contribuye a los siguientes: a) Compromiso 3 . Gobierno sensible y cercano a la gente, a través del fortalecimiento de los canales de atención ciudadana y la promoción de una relación directa y transparente con la población consumidora. b) Compromiso 5 . Respeto a los derechos y combate a la discriminación, al garantizar la no discriminación de los servicios de la Profeco y la promoción de los siete derechos fundamentales de las personas consumidoras con un enfoque incluyente. c) Compromiso 12 . Gobierno honesto y sin nepotismo, mediante el reforzamiento de los procesos de verificación administrativa con criterios técnicos y sin privilegios, a fin de contribuir a la confianza ciudadana y la rendición de cuentas. d) Compromiso 16 . No aumentarán los precios de energéticos ni canasta básica, al contribuir mediante el monitoreo de precios de productos de la canasta básica, así como de los combustibles, con el fin de que la población pueda acceder a estos a precios justos. e) Compromiso 17. Digitalización más grande de la historia (trámites y servicios), mediante el mantenimiento y mejora continua de sistemas y sitios web, así como el impulso a trámites y servicios digitales. f) Compromiso 30 . Las escuelas serán espacios de prevención de la salud, a través de acciones educativas para promover programas de educación y de consumo responsable. g) Compromiso 33 . México será potencia tecnológica y de innovación, al contar con información sobre estudios de calidad de productos en formato digital, promover el uso de comparadores de precios y generar contenido educativo en línea. h) Compromiso 38 . Desarrollo y acceso a la cultura, con el fortalecimiento a la educación para el consumo mediante materiales impresos y digitales dirigidos a niñas, niños y familias, con el fin de contar con una ciudadanía más informada y participativa. 5.3 Forma en que se toman en consideración los Principios del Humanismo Mexicano. La Profeco, como encargada de garantizar la protección y defensa de los derechos e intereses de las personas consumidoras, considera la contribución directa del Programa a los siguientes principios del Humanismo Mexicano: a) Para alcanzar la prosperidad compartida, primero los pobres . El programa considera mecanismos de defensa para las personas consumidoras con una perspectiva inclusiva, territorialmente equitativa, que acerque los servicios a comunidades tradicionalmente excluidas o con menor acceso a información y mecanismos de defensa, y se priorice a la población más vulnerable. b) No puede haber Gobierno rico con pueblo pobre . Como parte de la transformación del modelo de atención de la Profeco, el Programa considera procesos eficientes de atención ciudadana que disminuya el gasto gubernamental, en atención de las disposiciones de austeridad republicana. c) Las y los gobernantes deben ser honrados y honestos . El Programa impulsa el fortalecimiento institucional, operativo y de servicio, mediante el reforzamiento de los procesos que implementa la Profeco con criterios técnicos y sin privilegios, que aumente la confianza ciudadana, la ética pública y la rendición de cuentas. d) La democracia es el Gobierno del pueblo y para el pueblo . El Programa sitúa los derechos de las personas consumidoras en el centro de las relaciones de consumo, con lo cual se garantiza su derecho a un consumo justo, informado, seguro y sostenible. e) El desarrollo y bienestar del pueblo sólo pueden fortalecerse con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales . El Programa promueve una cultura de consumo responsable y sostenible mediante el empoderamiento de la ciudadanía frente al mercado. f) Las mujeres tenemos derecho a la igualdad sustantiva . El fortalecimiento de los mecanismos de defensa a las personas consumidoras considera el enfoque de género, lo que implica atención diferenciada a mujeres, garantizando igualdad sustantiva; de igual manera, se fomenta la difusión del consumo responsable con contenidos libres de estereotipos y roles de género. Condenamos el clasismo, el racismo, el machismo y cualquier forma de discriminación . El Programa se orienta a garantizar los servicios de la Profeco sin excepción mediante la promoción de los siete derechos fundamentales de las personas consumidoras con un enfoque incluyente. 5.4 Impacto esperado del Programa. Mediante la ejecución de las líneas de acción, estrategias y objetivos del Programa, la Profeco busca garantizar la protección y promoción de los derechos de las personas consumidoras mediante el establecimiento de relaciones de consumo justas que fortalezcan su bienestar y confianza; la aplicación efectiva de la LFPC y la adopción de medidas que propicien la equidad, seguridad y certeza jurídica; así como la ampliación de canales de información accesibles que promuevan un consumo consciente, sostenible y seguro, con innovación, eficiencia y cercanía con el pueblo de México. Visión de largo plazo. México avanza hacia la transformación del mercado interno al posicionar en el centro los derechos de las personas consumidoras, con especial atención a los grupos históricamente vulnerados; con la finalidad de fomentar un entorno de consumo que impulse la innovación y la competencia para crear prosperidad compartida en todo el país. En un horizonte de veinte años, México habrá consolidado un modelo de consumo justo, sostenible e incluyente, en el que las relaciones entre proveedores y personas consumidoras se desarrollen bajo principios de equidad, transparencia e innovación constante. La asimetría de información habrá sido superada gracias a marcos regulatorios robustos y al uso extendido de tecnologías de inteligencia artificial que garanticen la trazabilidad de productos, contratos claros y accesibles, y etiquetados verificables en tiempo real. Cada persona consumidora contará con herramientas digitales universales que le permitan conocer el origen, la composición, los impactos ambientales y los costos reales de los bienes y servicios que adquiere. Las prácticas comerciales abusivas serán residuales, pues la competencia abierta y vigilada por sistemas de supervisión inteligentes generará condiciones de igualdad entre proveedores y ciudadanía. El mercado se caracterizará por la confianza, la innovación permanente y la integración de principios de ética empresarial en todos los sectores. La seguridad y calidad de los productos estará garantizada por cadenas de suministro globales certificadas, lo que reducirá de manera drástica la presencia de bienes inseguros en el mercado. Al mismo tiempo, la cultura del consumo sostenible se habrá normalizado, de modo que la demanda de bienes con bajo impacto ambiental y social marcará la pauta del desarrollo económico. En el plano social, la brecha digital y territorial habrá quedado cerrada. El acceso universal a internet de alta velocidad y a mecanismos de defensa en línea asegurará que comunidades rurales, población indígena y personas mayores ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones. La digitalización será plenamente inclusiva, asegurando que la tecnología potencie la equidad en lugar de profundizar desigualdades. En este horizonte, las relaciones de consumo se consolidarán como un pilar de cohesión social y prosperidad compartida. Los hogares mexicanos disfrutarán de mayor certidumbre económica al contar con mercados confiables, mientras que las empresas innovarán bajo estándares internacionales de sostenibilidad y responsabilidad social. México se posicionará como un referente regional en la construcción de un entorno de consumo en el que la justicia, la transparencia y la sostenibilidad sean elementos del desarrollo nacional, con una institución cercana y confiable que garantiza relaciones de consumo seguras, informadas, justas y equitativas. 6. Objetivos
A fin de construir un entorno de consumo más justo, informado y sostenible en el largo plazo, la política pública establecida en el Programa se orienta a transformar de manera estructural la relación entre personas consumidoras, proveedores, y la Profeco como dependencia articuladora de los mecanismos e instrumentos para la protección y defensa de los derechos del consumo. Con el fin de atender los problemas públicos descritos y lograr la visión a largo plazo centrada en el bienestar de las personas ciudadanas, se establecen cinco objetivos estratégicos. Al implementarse de manera articulada, permitirán fortalecer la protección de las personas consumidoras, fomentar el consumo más justo, informado y sostenible, promover la equidad y las relaciones justas en el mercado, así como recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Estos objetivos son: Objetivos del Programa Institucional de la Procuraduría Federal del Consumidor 2026-2030
1. Garantizar el acceso a información adecuada y clara sobre bienes, productos, servicios y derechos de las personas consumidoras. 2. Impulsar relaciones de consumo justas por parte de los proveedores de bienes, servicios y productos. 3. Fortalecer los mecanismos para la defensa de los derechos de las personas consumidoras. 4. Fomentar una cultura de consumo responsable y sostenible basada en la educación y divulgación de información. 5. Fortalecer el desempeño institucional de la Profeco para la atención de las personas consumidoras, con énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad y las nuevas generaciones. 6.1 Relevancia del objetivo 1: Garantizar el acceso a información adecuada y clara sobre bienes, productos,
servicios y derechos de las personas consumidoras.
Este objetivo se incluye dentro del modelo de desarrollo que prioriza la construcción de una sociedad más justa, informada y equitativa. En este sentido, una ciudadanía empoderada a través del acceso a información clara, veraz y oportuna es indispensable para la consolidación de una economía que pone al centro a las personas, promueve la equidad en las relaciones de consumo y fortalece el Estado de derecho. El problema público que este objetivo atiende tiene su raíz en la circulación de productos perjudiciales para la salud o de mala calidad y la persistencia de prácticas de publicidad engañosa. Estas prácticas no solo representan violaciones a los derechos de las personas consumidoras, sino que también ponen en riesgo la salud pública, generan pérdidas económicas para los hogares y debilitan la confianza en los mecanismos de regulación y en el mercado formal. La publicidad engañosa - que incluye afirmaciones falsas, incompletas o ambiguas - distorsiona la capacidad de decisión de las personas consumidoras, llevándolas a adquirir bienes o servicios bajo condiciones equívocas o desventajosas. Adicionalmente, la comercialización de productos que no cumplen con estándares mínimos de calidad o seguridad compromete la integridad física de las personas, desincentiva la formalidad empresarial y acentúa la desconfianza en los canales de distribución. Este fenómeno encuentra sus causas no sólo en los mecanismos de vigilancia y sanción, sino también en la falta de canales de información y orientación eficaces, accesibles y adaptados a los distintos contextos sociales. En muchas ocasiones, las personas consumidoras no cuentan con los conocimientos, herramientas ni medios para identificar información falsa, comparar opciones de compra o ejercer sus derechos ante abusos. Las brechas digitales, de lenguaje, educativas y culturales amplifican la desigualdad de condiciones entre las personas consumidoras y proveedores, especialmente en zonas rurales o en segmentos con menor escolaridad. El cumplimiento de este objetivo implica no solo identificar la publicidad engañosa y evaluar la calidad de bienes y productos, sino de transmitir la información oportuna que evite poner en riesgo a las personas consumidoras. Esto se logrará mediante la publicación de los " llamados de revisión " , con lo cual se compartirán los hallazgos de los estudios de calidad sobre bienes y servicios, así como la promoción del desarrollo de programas de monitoreo de precios dirigidos a diversos públicos para fomentar una cultura de consumo informado, consciente y responsable. En el marco del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, este objetivo refuerza la transición hacia un modelo de desarrollo centrado en el bienestar colectivo, donde las personas consumidoras participan de manera activa y crítica en el mercado, se reducen las prácticas abusivas, se protege la economía familiar y se fomenta un entorno de consumo más ético, justo y sostenible. De este modo, se contribuye a generar condiciones de equidad, fortalecer el estado de derecho en materia económica y avanzar hacia una prosperidad compartida en beneficio del pueblo de México. 6.2 Relevancia del objetivo 2: Impulsar relaciones de consumo justas por parte de los proveedores de bienes,
servicios y productos.
Uno de los fines de la continuación de la Cuarta Transformación, es el fortalecer un modelo de desarrollo con justicia, transparencia, equidad y bienestar compartido, erradicar las malas prácticas comerciales es fundamental para garantizar la protección de los derechos de las personas consumidoras, consolidar la equidad en el mercado y reducir las desigualdades estructurales que vulneran el bienestar de millones de hogares mexicanos. El problema público que atiende este objetivo es la persistencia de prácticas comerciales abusivas que afectan directamente la equidad en las relaciones de consumo y los derechos de las personas consumidoras. Estas prácticas incluyen, entre otras, cobros indebidos, cláusulas contractuales injustas, ventas forzadas o con información incompleta, y omisión de datos relevantes sobre productos o servicios. Su ocurrencia es más común en entornos donde la población consumidora carece de información oportuna, canales eficaces para presentar denuncias o mecanismos efectivos de acceso a la justicia. La persistencia de estas prácticas no solo perjudica el bienestar económico de las personas consumidoras, sino que también perpetúa condiciones de abuso, desconfianza y vulnerabilidad en el mercado. En muchos casos, la población consumidora no logra identificar el abuso, carecen de los recursos para enfrentarlo o temen represalias. Esto profundiza las asimetrías de poder entre las personas consumidoras y proveedores, repercutiendo de forma desproporcionada a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como mujeres, adultos mayores y comunidades rurales. Estas prácticas también distorsionan el funcionamiento del mercado, desincentivan la competencia leal y debilitan el desarrollo de empresas responsables. Aquellas empresas que operan conforme a la ley y con prácticas éticas enfrentan desventajas frente a competidores que maximizan beneficios mediante el incumplimiento normativo sin enfrentar consecuencias reales. Esta situación impacta la eficiencia económica, la innovación empresarial y la generación de valor con responsabilidad social. A nivel institucional, la prevalencia de estos abusos se asocia con rezagos originados por políticas neoliberales que pusieron en desventaja a las personas consumidoras frente a las empresas en las relaciones de consumo, lo que evidenció limitaciones en la capacidad de fiscalización y sanción, así como una insuficiente cobertura preventiva por parte de las autoridades. Estas políticas que favorecieron los intereses del mercado restringieron la respuesta oportuna y eficaz del Estado frente a desafíos como la ampliación de la cobertura de los mecanismos de verificación, la modernización tecnológica, la coordinación entre dependencias y una mayor cultura de denuncia entre las personas consumidoras. Estas fallas generan una percepción de permisividad e impunidad institucional que debilita la confianza de la ciudadanía en las autoridades encargadas de vigilar el mercado. En ese sentido, la omisión o la inacción frente a malas prácticas comerciales erosionan esa confianza y lesiona los principios democráticos y de justicia social. El logro de este objetivo implica una respuesta institucional integral por parte de la Profeco, que combine la mejora de sus capacidades operativas y tecnológicas con una estrategia firme de vigilancia, sanción, prevención y educación para el consumo. Se promoverá una supervisión más eficaz, con herramientas innovadoras para la detección temprana de abusos; se fortalecerán las alianzas con empresas responsables mediante acciones de sensibilización; se ampliará la presencia territorial de mecanismos de verificación y se robustecerán los mecanismos de denuncia, atención y resolución de conflictos para brindar soluciones accesibles, rápidas y confiables a las personas consumidoras. Asimismo, se impulsará una cultura de cumplimiento normativo entre los proveedores, se reforzará la transparencia, la ética empresarial y la autorregulación, como pilares para un mercado justo. A través de campañas públicas, incentivos positivos y sanciones ejemplares, se buscará modificar comportamientos empresariales hacia una mayor responsabilidad social y comercial. El impacto de este objetivo se proyecta directamente en el bienestar económico de los hogares mexicanos, al reducir los abusos que afectan su patrimonio, y en la consolidación de un mercado interno más dinámico, competitivo y confiable. Además, al reforzar la actuación del Estado en defensa de los derechos de las personas consumidoras, se contribuye a restaurar la confianza institucional, fortalecer la cohesión social y promover un desarrollo económico sustentado en la legalidad, la equidad y el respeto a la dignidad de las personas. Este enfoque responde a los principios del Humanismo Mexicano y a los pilares del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que colocan en el centro a las personas con mayor vulnerabilidad, priorizan la prosperidad compartida y reconocen al consumo justo, informado y protegido como condición indispensable para una economía incluyente y sostenible. 6.3 Relevancia del objetivo 3: Fortalecer los mecanismos para la defensa de los derechos de las personas
consumidoras.
El Gobierno de México mantiene un firme compromiso con la prosperidad compartida a través de la promoción de la competencia y la competitividad en los mercados, siempre con un profundo respeto a la diversidad regional de nuestro país. Esto significa facilitar la inversión productiva, fomentar la innovación tecnológica y apoyar a nuestras pequeñas y medianas empresas, que son el motor de nuestra economía. Y en este camino, el pueblo de México es centro de la política económica. En este contexto, es fundamental fortalecer los mecanismos y recursos para la defensa de los derechos de la población consumidora. Una persona consumidora informada y protegida es un actor clave para un mercado justo y eficiente. Mejores procesos de conciliación, servicios de atención a quejas ágiles y efectivos, un Teléfono del Consumidor robusto y una simplificación en el registro de contratos, son acciones concretas que fortalecen la confianza ciudadana, previenen abusos y garantizan que la competencia sea leal. Al empoderar a la ciudadanía en sus decisiones de consumo, se impulsa la competitividad genuina, lo cual obliga a las empresas a ofrecer mejores productos y servicios y favorece una prosperidad compartida. La protección a las personas consumidoras no es un gasto, es una inversión en la equidad y en el dinamismo económico. Es garantizar que la riqueza generada se distribuya de manera más justa y que las oportunidades lleguen a todas las personas, con el objetivo de reducir las brechas de desigualdad y fortalecer el tejido social. Fortalecer los mecanismos para la defensa de los derechos de las personas consumidoras es, en esencia, una piedra angular para asegurar relaciones de consumo justas, equitativas y transparentes en México. Su relevancia se magnifica en el panorama actual, caracterizado por una creciente digitalización, una notable concentración empresarial y la complejidad a las relaciones contractuales. En este escenario, es imperativo que las instituciones públicas no solo se posicionen firmemente del lado de la ciudadanía, sino que también expandan continuamente sus capacidades y perfeccionen sus servicios para satisfacer las demandas de una sociedad en constante evolución. Al mejorar los procesos de conciliación, por ejemplo, no solo se reducen drásticamente los tiempos de atención y se incrementa la eficiencia operativa de las instituciones, sino que se ofrecen soluciones más ágiles a los conflictos entre las personas consumidoras y proveedores. Un sistema de conciliación robusto y accesible es fundamental porque evita la judicialización de conflictos menores y garantiza así un acceso efectivo a la justicia cotidiana para millones de personas. Brindar un servicio de calidad, rápido y efectivo para la resolución de quejas, no solo se traduce en la pronta atención a las reclamaciones, sino que implica ofrecer una experiencia accesible, empática, multicanal y tecnológicamente eficiente. Esta aproximación es vital para consolidar la confianza ciudadana en las instituciones. Asimismo, impulsar el Teléfono del Consumidor como canal de información para el acceso a trámites y servicios de la Profeco subraya la relevancia de la inclusión. Esta herramienta es un canal de contacto directo, asesoría inmediata y denuncia esencial. Fortalecer este servicio es crucial para acercar la atención a sectores vulnerables, a zonas sin acceso digital o a personas mayores que requieren una orientación clara y humana. Sin esta vía, amplios segmentos de la población quedarían desprotegidos. Mejorar y simplificar el registro de contratos de adhesión en telecomunicaciones es una medida preventiva clave. Este sector, uno de los que genera mayor número de quejas, se beneficia enormemente de una supervisión más estricta. Esta medida ayuda a prevenir abusos desde el diseño mismo de los contratos y promueve una indispensable transparencia. Contratos comprensibles, accesibles y debidamente supervisados son fundamentales para que la población consumidora tome decisiones informadas. En última instancia, este objetivo, enmarcado en una visión de derechos humanos y justicia económica, es fundamental porque permiten cerrar brechas de desigualdad, empoderar a la ciudadanía y prevenir conflictos de consumo. 6.4 Relevancia del objetivo 4: Fomentar una cultura de consumo responsable y sostenible basada en la educación y
divulgación de información.
En el marco del Segundo Piso de la Transformación, este objetivo se alinea con la visión de un modelo de desarrollo centrado en la innovación pública, equidad territorial, la justicia social y la sostenibilidad como base del futuro. Promover una cultura de consumo responsable y sostenible representa una importante toma de decisiones que permite contar con suficiente información sobre los bienes, servicios y productos que se adquieren, así como los efectos que tendrán en el medio ambiente. Con ello, representa también una estrategia clave para fortalecer las capacidades ciudadanas a través de la educación y divulgación, proteger la economía de los hogares, mejorar el entorno del mercado y avanzar hacia una economía social y solidaria. Así, el problema público que aborda este objetivo es la desigualdad en la información para el desarrollo de una cultura de consumo responsable y sostenible, la cual se manifiesta en las brechas que existen entre sectores de la población con mayor y menor acceso a información clara, veraz y oportuna sobre sus derechos al consumo, los impactos de sus decisiones de consumo y las alternativas disponibles en el mercado. Algunas personas que viven en comunidades rurales tienen bajo nivel educativo o acceso limitado a las tecnologías de la información, enfrentan mayores obstáculos para contar con los conocimientos y herramientas que les permitan tomar decisiones de compra conscientes y ejercer sus derechos con autonomía. Como consecuencia, muchas personas consumidoras toman decisiones poco informadas, que pueden afectar negativamente su economía familiar, su salud y el medio ambiente. Asimismo, se reduce su capacidad de identificar prácticas engañosas o abusivas por parte de proveedores, y se dificulta la adopción de patrones de consumo sostenibles. Esta situación perpetúa círculos de vulnerabilidad, desigualdad y dependencia frente al mercado; asimismo, reproduce condiciones de exclusión económica en las zonas con menor acceso a oportunidades, además de otros problemas indirectos como daños a la salud. Al respecto, la falta de una cultura de consumo informado también tiene implicaciones para el mercado nacional. Cuando las personas consumidoras no exigen calidad, transparencia y responsabilidad social a las empresas, disminuye la presión competitiva para mejorar los productos y servicios, lo que debilita la innovación, la ética empresarial y la sostenibilidad económica. Esta dinámica contribuye a la permanencia de prácticas c
Este programa busca garantizar el acceso a información clara sobre bienes y servicios, promover relaciones de consumo justas, y fortalecer la defensa de los derechos de los consumidores. Se hace referencia a diversos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Constitución, que establecen la rectoría del Estado en esta materia. Las acciones se financiarán con los recursos del presupuesto federal asignados a la Profeco, de acuerdo con el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.