Sanciona a funcionarios que requieran fuerza pública para contrarrestar órdenes legales. Las penas son severas, incluyendo prisión y inhabilitación.
- Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que requiriere la asistencia de la fuerza pública contra la ejecución de disposiciones u órdenes legales de la autoridad o de sentencias o de mandatos judiciales.
Interpretación práctica por el equipo de SDV
Este articulo protege la legalidad de las decisiones judiciales. Los funcionarios deben actuar conforme a la ley para evitar consecuencias legales y mantener la integridad del sistema judicial.
Nuestros especialistas pueden analizar cómo aplica esta disposición a tu situación particular.
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