Los empleados públicos que exijan derechos no autorizados enfrentan penas severas. Este articulo protege la ética en el ejercicio de funciones públicas.
ART. 241. El empleado público que directa o indirectamente exigiere mayores derechos de los que le están señalados por razón de su cargo, o un beneficio económico para sí o un tercero para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos, será sancionado con reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito que merezca mayor pena, caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a éste. En todo caso se impondrán, además, las penas de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en sus grados medio a máximo y multa del duplo al cuádruplo de los derechos o del beneficio obtenido.
Interpretación práctica por el equipo de SDV
Exigir beneficios no autorizados puede llevar a penas de prisión y afectar gravemente la carrera del empleado, así como la confianza pública en la administración.
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