Este articulo establece las penas para quienes privan de libertad a una persona y no reconocen dicha privacion. Las penas son severas, especialmente si la victima es vulnerable por su edad o condicion.
Desaparición forzada de personas El funcionario o servidor público, o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de aquel, que de cualquier forma priva a otro de su libertad y se haya negado a reconocer dicha privación de libertad o a dar información cierta sobre el destino o el paradero de la víctima, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince ni mayor de treinta años e inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1) y 2). La pena privativa de libertad es no menor de treinta ni mayor de treinta y cinco años, e inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1) y 2), cuando la víctima: a) Tiene menos de dieciocho años o es mayor de sesenta años de edad. b) Padece de cualquier tipo de discapacidad. c) Se encuentra en estado de gestación. Artículo sustituido por la Ley 26926 , publicada el 21 de febrero de 1998 (link: bit.ly/47fefb5 ). Luego fue modificado por el DL 1351 , publicado el 7 de enero de 2017 (link: bit.ly/3Oi8YGX ). Ver jurisprudencia aquí . CAPÍTULO III: TORTURA Capítulo incorporado por la Ley 26926 , publicada el 21 de febrero de 1998 (link: bit.ly/47fefb5 ) .
Interpretación práctica por el equipo de SDV
Incumplir este articulo puede resultar en penas de hasta 35 años de carcel, lo que representa un riesgo significativo para funcionarios y particulares involucrados en actos de desaparicion.
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