Se sanciona a funcionarios que requieren fuerza pública para oponerse a disposiciones legales. La pena es privativa de libertad de hasta tres años.
Requerimiento indebido de la fuerza pública El funcionario público que requiere la asistencia de la fuerza pública para oponerse a la ejecución de disposiciones u órdenes legales de la autoridad o contra la ejecución de sentencia o mandato judicial, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años.
Interpretación práctica por el equipo de SDV
Requerir fuerza pública indebidamente puede resultar en penas que afectan la credibilidad y operacion de un cliente en el sector publico.
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