Constitución Política de Chile (1980, texto refundido D. 100/2005)
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Este articulo establece que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que el Estado debe promover el bien común y la seguridad nacional. Reconoce la familia como núcleo fundamental de la sociedad.
Este articulo define los emblemas nacionales de Chile, que incluyen la bandera, el escudo de armas y el himno nacional. Estos símbolos son representativos de la identidad nacional.
Este articulo establece que Chile es un Estado unitario y promueve la descentralización de la administración. Se busca un desarrollo equitativo entre regiones y comunas.
Este articulo establece que Chile es una república democrática, garantizando la participación ciudadana en la toma de decisiones. Refuerza el compromiso con la democracia.
Este articulo establece que la soberanía reside en la Nación y se ejerce a través del pueblo. Resalta la importancia de respetar los derechos humanos en el ejercicio de la soberanía.
Este articulo establece que los órganos del Estado deben actuar conforme a la Constitución y las normas dictadas. La infracción generará responsabilidades y sanciones.
Este articulo establece que los órganos del Estado deben actuar dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley. Los actos contrarios son nulos.
Este articulo establece que el ejercicio de funciones públicas debe cumplir con el principio de probidad. Los actos deben ser públicos, salvo excepciones establecidas por ley.
Este articulo establece que el terrorismo es contrario a los derechos humanos y define las inhabilidades para quienes cometan estos delitos. Se requiere una ley de quórum calificado para definir conductas terroristas.
Este articulo define quiénes son considerados chilenos, incluyendo a los nacidos en el territorio y a los hijos de chilenos en el extranjero. También regula el proceso de nacionalización.
Este artículo establece las causales por las cuales una persona puede perder la nacionalidad chilena, incluyendo la renuncia voluntaria y la prestación de servicios durante una guerra. La rehabilitación de la nacionalidad solo podrá ser otorgada por ley.
Este artículo permite a las personas afectadas por actos administrativos que les priven de su nacionalidad chilena recurrir ante la Corte Suprema. El recurso suspenderá los efectos del acto impugnado.
Define quiénes son considerados ciudadanos chilenos y los derechos que les otorga, incluyendo el sufragio y la opción a cargos de elección popular. También menciona las condiciones para los chilenos en el extranjero.
Permite a los extranjeros avecindados en Chile por más de diez años ejercer el derecho de sufragio bajo ciertas condiciones. Establece requisitos de residencia y tiempo de espera para nacionalizados.
Establece que el sufragio en votaciones populares será personal, igualitario y secreto, y obligatorio en todas las elecciones, salvo en primarias. Se mencionan las sanciones por incumplimiento.
Detalla las causas por las cuales se puede suspender el derecho de sufragio, incluyendo interdicción y condenas penales. Establece un plazo para la recuperación del derecho.
Establece las causales por las cuales se puede perder la calidad de ciudadano, incluyendo la pérdida de nacionalidad y condenas a penas aflictivas. Se mencionan procedimientos para la recuperación.
Establece la creación de un sistema electoral público que garantice igualdad en la presentación de candidaturas y participación en procesos electorales. Regula el financiamiento y control del gasto electoral.
El articulo 19 garantiza derechos fundamentales como el derecho a la vida, igualdad ante la ley y protección de datos personales. Establece un marco de derechos básicos para todos los ciudadanos.
El articulo 20 establece el recurso de protección para quienes sufran violaciones a sus derechos. Permite a los afectados acudir a la Corte de Apelaciones para restablecer sus derechos.
El articulo 21 permite a cualquier persona arrestada o detenida ilegalmente recurrir a la magistratura para restablecer su libertad. Esto protege los derechos de los detenidos.
El articulo 22 establece los deberes de los ciudadanos hacia la patria, incluyendo el respeto a sus emblemas y la obligación de servir en el ejército. Refuerza la responsabilidad cívica.
El articulo 23 establece sanciones para dirigentes que hagan mal uso de la autonomía reconocida por la Constitución. Busca regular la intervención indebida en actividades ajenas.
El artículo 24 define las funciones del Presidente de la República como Jefe del Estado, incluyendo la conservación del orden público y la seguridad externa. Este artículo establece la base del poder ejecutivo.
El artículo 25 establece los requisitos necesarios para ser elegido Presidente de la República, incluyendo la nacionalidad y la edad. Este artículo es clave para la legitimidad del cargo.
El artículo 26 describe el proceso de elección del Presidente, incluyendo la votación directa y la posibilidad de una segunda vuelta. Este procedimiento es crucial para la democracia en el país.
El artículo 27 establece el proceso de calificación de la elección presidencial, asegurando que se realice en un plazo determinado. Esto es vital para la transparencia electoral.
El artículo 28 regula la sucesión presidencial en caso de impedimento del Presidente electo, estableciendo un orden de subrogación y el proceso para convocar nuevas elecciones.
El artículo 29 establece quién asume el cargo de Presidente en caso de impedimento temporal o vacancia, definiendo un orden de subrogación claro. Esto es esencial para la estabilidad del gobierno.
El artículo 30 establece que el Presidente cesa en su cargo al finalizar su período y detalla las condiciones para los Ex Presidentes. Este artículo es clave para la transición de poder.
El artículo 31 establece que el Presidente designado por el Congreso o el Vicepresidente asume todas las atribuciones del Presidente de la República. Esto es crucial para la continuidad del gobierno.
El artículo 32 enumera las atribuciones especiales del Presidente de la República, incluyendo la promulgación de leyes y la convocatoria a plebiscitos. Estas atribuciones son fundamentales para el ejercicio del poder ejecutivo.
Los Ministros de Estado son colaboradores directos del Presidente de la Republica en la administracion del Estado. La ley define su numero, organizacion y precedencia, permitiendo al Presidente coordinar su labor.
Para ser nombrado Ministro, se requiere ser chileno y tener al menos veintiun años. La ley regula el reemplazo en caso de vacancia del cargo.
Los reglamentos y decretos del Presidente deben ser firmados por el Ministro correspondiente, siendo este un requisito esencial para su validez.
Los Ministros son responsables individualmente de sus actos y solidariamente de aquellos acordados con otros Ministros.
Los Ministros pueden asistir y participar en debates del Congreso, pero no tienen derecho a voto. Deben asistir a sesiones especiales convocadas por la Cámara de Diputados o el Senado.
Los Ministros deben cumplir con incompatibilidades establecidas, cesando en otros cargos al aceptar el nombramiento. Esto incluye restricciones en contratos con el Estado.
Una ley organica constitucional definira la organizacion basica de la Administracion Publica, garantizando igualdad de oportunidades y derechos de los funcionarios.
El articulo 38 bis establece el procedimiento para fijar las remuneraciones del Presidente, senadores, diputados y otros funcionarios clave. Estas remuneraciones deben ser determinadas por una comisión cada cuatro años, garantizando una retribución adecuada y pública.
Los derechos y garantias constitucionales pueden ser afectados en situaciones de excepcion como guerra o calamidad publica, bajo condiciones especificas.
El Presidente puede declarar estados de asamblea o sitio con acuerdo del Congreso, determinando las zonas afectadas y plazos para su aprobación.
El Presidente puede declarar un estado de catastrofe en caso de calamidad publica, informando al Congreso sobre las medidas adoptadas y su duración.
El Presidente puede declarar un estado de emergencia en caso de grave alteracion del orden publico, con restricciones temporales y requisitos de prorroga.
Durante estados de excepcion, el Presidente puede restringir libertades fundamentales como la libertad personal y de reunion, dependiendo del estado declarado.
Una ley organica constitucional regulara la declaracion y aplicacion de medidas durante estados de excepcion, asegurando el restablecimiento de la normalidad constitucional.
Los tribunales no podran calificar los fundamentos de la declaracion de estados de excepcion, pero se garantiza el derecho a recurrir ante autoridades judiciales.
El Congreso Nacional se compone de dos ramas: la Camara de Diputados y el Senado, que colaboran en la formacion de leyes.
Los diputados son elegidos en votacion directa por distritos electorales, y su renovacion es total cada cuatro años.
Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano, tener al menos 21 años y haber cursado la enseñanza media.
El Senado se compone de miembros elegidos por circunscripciones senatoriales, con un periodo de duracion de ocho años.
Para ser elegido senador se requiere ser ciudadano, haber cursado la enseñanza media y tener al menos 35 años.
Los diputados se consideran residentes de su region mientras ejerzan su cargo, y tienen limitaciones en la reeleccion.
La Camara de Diputados tiene atribuciones exclusivas para fiscalizar al Gobierno y formular acusaciones contra el Presidente.
El Senado tiene atribuciones exclusivas para conocer acusaciones de la Camara de Diputados y decidir sobre la inhabilidad del Presidente.
El Congreso debe aprobar o desechar tratados internacionales antes de su ratificacion, asegurando control sobre la politica exterior.
El Congreso se instalara y comenzara su periodo de sesiones segun lo determine su ley organica constitucional, siempre convocado para estados de excepcion.
La Cámara de Diputados y el Senado requieren la presencia de al menos un tercio de sus miembros para sesionar y tomar decisiones. Cada Cámara regulará la clausura del debate mediante mayoría simple.
Cada julio, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados deben presentar un informe público sobre las actividades de sus corporaciones. El contenido y forma de este informe serán determinados por el reglamento de cada Cámara.
Establece las inhabilidades para ser candidato a diputado o senador, incluyendo a ministros, magistrados y otros funcionarios. Las inhabilidades aplican a quienes hayan ocupado estos cargos en el año anterior a la elección.
Los diputados y senadores no pueden ejercer otros empleos retribuidos con fondos públicos, salvo excepciones en el ámbito docente. Esto asegura la dedicación exclusiva a sus funciones legislativas.
Desde su proclamación, los diputados y senadores no pueden ser nombrados para ciertos empleos, salvo en caso de guerra. Esto busca evitar conflictos de interés y asegurar la independencia del legislador.
Establece las causales por las cuales un diputado o senador puede cesar en su cargo, incluyendo ausencias prolongadas sin permiso y conflictos de interés. Las sanciones son severas y pueden afectar futuras candidaturas.
Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones, salvo en casos de delito flagrante. Esto protege su libertad de expresión en el ámbito legislativo.
Los diputados y senadores recibirán una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado, asegurando una compensación adecuada por su labor legislativa.
Define las materias que requieren ser objeto de leyes, incluyendo leyes orgánicas constitucionales y aquellas que regulan aspectos fundamentales del Estado y la sociedad.
El Presidente puede solicitar al Congreso autorización para dictar normas con fuerza de ley por un año, excluyendo materias sensibles como nacionalidad y elecciones. Esto permite agilidad en la gestión gubernamental.
Las leyes pueden originarse en la Cámara de Diputados o en el Senado, con restricciones específicas para ciertos tipos de leyes. Esto establece un marco claro para la iniciativa legislativa.
Las normas que interpretan la Constitución requieren una mayoría calificada para su aprobación. Esto asegura que cambios significativos en la interpretación constitucional sean debatidos ampliamente.
El Presidente debe presentar el proyecto de Ley de Presupuestos al Congreso con al menos tres meses de anticipación. El Congreso no puede aumentar ingresos, solo reducir gastos.
Los proyectos desechados en la Cámara de origen no pueden renovarse hasta después de un año, salvo excepciones para iniciativas del Presidente. Esto evita la obstrucción legislativa.
Los proyectos pueden ser objeto de adiciones o correcciones durante su tramitación, pero deben estar relacionadas con las ideas fundamentales del proyecto. Esto permite ajustes sin perder el enfoque original.
El artículo 70 establece el procedimiento a seguir cuando un proyecto es rechazado por la Cámara revisora, incluyendo la formación de una comisión mixta. Este mecanismo busca resolver las divergencias y permite que el Presidente insista en el proyecto bajo ciertas condiciones.
El artículo 71 regula el retorno de proyectos con adiciones o enmiendas a la Cámara de origen y el procedimiento a seguir si estas son rechazadas. Se establece la posibilidad de formar una comisión mixta para resolver desacuerdos.
El artículo 72 establece que, una vez aprobado un proyecto por ambas Cámaras, debe ser enviado al Presidente para su promulgación. Este paso es crucial para que un proyecto se convierta en ley.
El artículo 73 detalla el proceso que sigue cuando el Presidente desaprueba un proyecto, incluyendo la posibilidad de que las Cámaras aprueben las observaciones. Este mecanismo permite una revisión crítica de los proyectos.
El artículo 74 permite al Presidente declarar urgencia en el despacho de un proyecto, obligando a la Cámara a pronunciarse en un plazo determinado. Esto puede acelerar el proceso legislativo.
El artículo 75 establece que si el Presidente no devuelve un proyecto en un plazo de treinta días, se entiende que lo aprueba. Esto garantiza que los proyectos no queden estancados indefinidamente.
El articulo 76 establece que solo los tribunales establecidos por la ley pueden conocer y resolver causas civiles y criminales. Se prohíbe la intervención del Presidente y del Congreso en funciones judiciales.
Se establece que una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales necesarios para la administración de justicia. Esto asegura un marco legal claro para su funcionamiento.
El articulo 78 regula el nombramiento de jueces y ministros de la Corte Suprema, estableciendo un proceso que involucra al Presidente y al Senado. Esto busca garantizar la idoneidad de los candidatos.
Los jueces son responsables por delitos como cohecho y prevaricación en el ejercicio de sus funciones. La ley definirá los casos y modos de hacer efectiva esta responsabilidad.
Los jueces permanecerán en sus cargos mientras mantengan un buen comportamiento, pero cesarán al cumplir 75 años. La Corte Suprema puede remover jueces por mal comportamiento.
Los magistrados del Poder Judicial no podrán ser aprehendidos sin orden judicial, salvo en casos de delito flagrante. Esto resguarda su independencia y autonomía.
La Corte Suprema tiene la superintendencia de todos los tribunales de la Nación, exceptuando ciertos tribunales electorales. Esto le otorga un rol central en la administración de justicia.
Define el rol del Ministerio Público en la investigación de delitos y la protección de víctimas y testigos. Establece que no puede ejercer funciones jurisdiccionales.
Detalla la organización y atribuciones del Ministerio Público, así como los requisitos para el nombramiento de fiscales y las causales de remoción.
Establece el procedimiento para la designación del Fiscal Nacional, incluyendo requisitos y duración del cargo. Se detalla el proceso en caso de rechazo de la propuesta.
Define la existencia de fiscales regionales en cada región y los requisitos para su nombramiento. Establece la duración de su cargo y condiciones para su designación.
Establece el procedimiento de concurso público para la integración de quinas y ternas para nombrar fiscales. Asegura la transparencia en el proceso de selección.
Establece la figura de fiscales adjuntos, su designación y requisitos. Asegura que cumplan con las calidades necesarias para ejercer su función.
Detalla las causales y el procedimiento para la remoción del Fiscal Nacional y fiscales regionales. Asegura que se mantenga la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.
El articulo 90 establece que al Fiscal Nacional y a los fiscales regionales y adjuntos se les aplicará lo dispuesto en el artículo 81. Esto implica una regulación uniforme en su actuación dentro del Ministerio Público.
El Fiscal Nacional tiene la superintendencia directiva, correccional y económica del Ministerio Público, conforme a la ley orgánica constitucional. Esto le otorga un papel central en la administración de la justicia.
El articulo 92 establece el Tribunal Constitucional y su composición, asegurando un control sobre la constitucionalidad de las leyes. Este tribunal es clave para la defensa de la Constitución.
El articulo 93 detalla las atribuciones del Tribunal Constitucional, incluyendo el control de constitucionalidad de las leyes. Esto fortalece el marco legal del país.
El articulo 94 establece que no procederán recursos contra las resoluciones del Tribunal Constitucional, garantizando la firmeza de sus decisiones. Esto evita la dilatación de procesos legales.
El articulo 94 bis crea el Servicio Electoral, encargado de la administración y fiscalización de procesos electorales. Este organismo autónomo garantiza la transparencia en los procesos democráticos.
El articulo 95 establece el Tribunal Calificador de Elecciones, encargado de la calificación de elecciones y plebiscitos. Este tribunal asegura la legalidad y transparencia en los resultados electorales.
El articulo 96 crea tribunales electorales regionales para el escrutinio y calificación de elecciones. Estos tribunales son fundamentales para la descentralización del control electoral.
El articulo 97 establece que los fondos para los tribunales electorales se destinaran anualmente en la Ley de Presupuestos. Esto asegura la operatividad de estos organismos.
El articulo 98 establece la Contraloria General de la Republica, encargada de fiscalizar la legalidad de los actos de la administracion. Este organismo es clave para la transparencia en el uso de recursos publicos.
El articulo 99 detalla las funciones del Contralor General, incluyendo la toma de razón de decretos. Esto asegura un control efectivo sobre la legalidad de los actos administrativos.
El articulo 100 establece que las Tesorerías del Estado solo podrán realizar pagos con autorización adecuada. Esto asegura un control riguroso sobre el gasto público.
El articulo 101 define las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, estableciendo su rol en la defensa y seguridad nacional. Son cuerpos obedientes y no deliberantes.
El articulo 102 establece que la incorporacion a las plantas de las Fuerzas Armadas y Carabineros se realizara exclusivamente a traves de sus Escuelas, salvo excepciones. Esto garantiza un control riguroso sobre la formacion de personal militar.
El articulo 103 prohíbe la posesión de armas sin autorización, estableciendo un marco legal para su control. La ley definira los organismos encargados de supervisar esta normativa.
El articulo 104 detalla el proceso de designacion de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros, asegurando que sean seleccionados entre los oficiales de mayor antigüedad. Esto promueve la estabilidad y continuidad en el mando.
El articulo 105 regula los nombramientos, ascensos y retiros de oficiales en las Fuerzas Armadas y Carabineros, estableciendo un marco normativo claro. Esto asegura un manejo adecuado de la carrera profesional en estas instituciones.
El articulo 108 establece el Banco Central como un organismo autónomo con funciones técnicas. Este banco es clave para la estabilidad económica del país.
El Banco Central de Chile solo puede operar con instituciones financieras y no otorgar garantías ni adquirir documentos del Estado. En situaciones excepcionales, puede comprar y vender instrumentos de deuda del Fisco, pero no financiar gastos públicos con créditos directos o indirectos.
El territorio de la República se organiza en regiones, provincias y comunas, cuya creación y modificación es regulada por ley orgánica constitucional. Este artículo establece la base para la administración local en Chile.
Cada región cuenta con un gobierno regional, encabezado por un gobernador elegido por sufragio universal. Este artículo detalla las funciones y atribuciones del gobierno regional y su estructura.
Este artículo ha sido derogado y, por lo tanto, no tiene efecto legal en la actualidad. Su eliminación puede reflejar cambios en la estructura administrativa.
El consejo regional es un órgano normativo y fiscalizador que asegura la participación ciudadana en la región. Este artículo define su composición y funciones.
Este artículo regula cómo el Presidente puede transferir competencias a los gobiernos regionales, facilitando la descentralización administrativa. La ley determinará los procedimientos específicos.
Se establece el principio de desarrollo territorial armónico y equitativo, regulando la distribución de recursos públicos entre regiones. La ley debe garantizar la solidaridad en esta distribución.
Cada región tendrá un delegado presidencial que actuará en representación del Presidente, coordinando funciones administrativas. Este artículo define su papel y atribuciones.
Se establece la figura del delegado presidencial provincial, quien supervisará los servicios públicos en la provincia. Este artículo detalla su relación con el delegado regional.
Los delegados presidenciales provinciales pueden designar encargados para ejercer sus facultades en localidades específicas, según lo determine la ley.
La administración de cada comuna reside en una municipalidad, encabezada por un alcalde. Este artículo regula la elección y funciones del alcalde y el concejo municipal.
El concejo municipal, integrado por concejales elegidos, tiene funciones normativas y fiscalizadoras. Este artículo define su estructura y atribuciones.
Este artículo regula la administración de nuevas comunas y los procedimientos para su instalación y traspaso de personal. Establece resguardos para el uso de bienes públicos.
Las municipalidades tienen la facultad de crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones, dentro de los límites establecidos por la ley orgánica constitucional.
Las municipalidades gozan de autonomía para administrar sus finanzas, pudiendo recibir recursos de la Ley de Presupuestos y otros ingresos. Se establece un fondo común municipal para redistribución.
La ley establecerá fórmulas de coordinación entre municipios y servicios públicos para abordar problemas comunes. También regulará la administración de áreas metropolitanas.
Este articulo establece los requisitos para ser elegido gobernador regional, alcalde o concejal, incluyendo la necesidad de ser ciudadano con derecho a sufragio y residir en la región. Además, detalla las incompatibilidades de estos cargos y las condiciones bajo las cuales pueden ser acusados.
Este articulo señala las causales de cesación en los cargos de gobernador regional, alcalde, consejero regional y concejal, incluyendo infracciones graves a normas de transparencia. También establece restricciones para quienes pierden su cargo.
Este articulo define que se considera un período completo para la reelección de gobernadores y alcaldes. Se establece que han ejercido su cargo durante un período si cumplen más de la mitad de su mandato.
Este articulo establece que la ley determinará cómo resolver las cuestiones de competencia entre autoridades de diferentes niveles. También aborda las discrepancias entre el gobernador regional y el consejo regional.
Este articulo define a Isla de Pascua y al Archipiélago Juan Fernández como territorios especiales, regidos por estatutos específicos. Se garantiza el derecho de residencia y traslado en estos territorios.
Los proyectos de reforma a la Constitución pueden ser iniciados por el Presidente o miembros del Congreso. Se requiere un quórum de cuatro séptimas partes para su aprobación en ambas Cámaras.
El Presidente debe promulgar reformas aprobadas por el Congreso, salvo que decida consultar a la ciudadanía mediante plebiscito. Se establecen procedimientos para observaciones y discrepancias.
El Presidente debe convocar a plebiscito dentro de 30 días tras la insistencia del Congreso en un proyecto. Se establecen plazos y procedimientos para la votación.
Se establece un plebiscito nacional para decidir sobre una nueva Constitución, con preguntas específicas sobre su redacción y formato. Se regulan los procedimientos electorales.
Se define la Convención como el órgano encargado de redactar la nueva Constitución, incluyendo a los Convencionales Constituyentes. Se establecen normas aplicables a su elección.
Se establecen los requisitos e incompatibilidades para ser candidato a la Convención, excluyendo a ciertos funcionarios públicos. Se regulan las inhabilidades específicas.
Se regulan los procedimientos para la instalación y funcionamiento de la Convención, incluyendo la elección de autoridades y la aprobación de normas internas.
Se establecen normas sobre el estatuto de los Convencionales, incluyendo su remuneración y la aplicación de leyes de probidad y lobby.
La Convención no podrá ejercer funciones de otros órganos y la Constitución actual seguirá vigente hasta que la nueva sea aprobada.
Se permite reclamar infracciones a las reglas de procedimiento de la Convención ante la Corte Suprema, pero no sobre el contenido de los textos en elaboración.
La Convención tiene un plazo máximo de nueve meses para redactar la nueva Constitución, con posibilidad de prórroga por tres meses bajo ciertas condiciones.
La Convención puede establecer disposiciones especiales para la entrada en vigencia de la nueva Constitución, sin afectar el período de autoridades electas.
La Convención Mixta Constitucional estará compuesta por 172 miembros, mitad ciudadanos electos y mitad parlamentarios, con un sistema electoral específico.
Se establecen las reglas para la elección de Convencionales no parlamentarios, especificando distritos y número de representantes por distrito.
La Convención Constitucional estará compuesta por 155 ciudadanos electos, con restricciones sobre su elegibilidad para otros cargos durante su mandato.
El Artículo 142 establece el procedimiento para convocar un plebiscito nacional constitucional tras la aprobación de un texto por la Convención. El sufragio es obligatorio y se imponen sanciones a quienes no voten sin justificación válida.
El Artículo 143 remite a las disposiciones de otros artículos en relación al plebiscito constitucional, estableciendo fechas y plazos específicos para la ejecución de acciones electorales.
El Artículo 144 convoca a elecciones para el Consejo Constitucional, que se regirá por normas específicas y busca una conformación paritaria. Los miembros serán elegidos en votación popular.
El Artículo 145 establece la creación de una Comisión Experta encargada de proponer un anteproyecto de nueva Constitución, con un enfoque paritario en su composición.
El Artículo 146 crea un Comité Técnico de Admisibilidad que evaluará las propuestas de normas que contravengan disposiciones constitucionales, asegurando la calidad del proceso.
El Artículo 147 establece que los funcionarios públicos electos para el Consejo Constitucional deberán tomar un permiso sin goce de remuneraciones, asegurando la separación de funciones.
El Artículo 148 detalla las causales de cesación del cargo para miembros de la Comisión Experta y del Comité Técnico de Admisibilidad, estableciendo un marco claro para su permanencia.
El Artículo 149 regula la renuncia de los integrantes del Consejo Constitucional, estableciendo que no serán reemplazados si cesan o renuncian.
El Artículo 150 establece las dietas y asignaciones para los integrantes del Consejo Constitucional y otros órganos, asegurando compensaciones por su labor.
El Artículo 151 establece el procedimiento para la instalación del Consejo Constitucional y la elección de su mesa directiva, asegurando un inicio formal del proceso.
El Artículo 152 regula las funciones de la Comisión Experta y su relación con el Consejo Constitucional, estableciendo plazos y quórums para la aprobación de normas.
El Artículo 153 establece que el trabajo del Consejo Constitucional se regulará por un reglamento elaborado por las secretarías del Senado y la Cámara de Diputados, incluyendo mecanismos de participación ciudadana.
El Artículo 154 enumera las bases institucionales y fundamentales que debe contener la propuesta de nueva Constitución, asegurando principios democráticos y derechos humanos.
El Artículo 155 permite interponer requerimientos ante el Comité Técnico de Admisibilidad contra propuestas que contravengan las bases institucionales, asegurando un control de calidad.
El Artículo 156 regula las reclamaciones por infracciones a las reglas de procedimiento del Consejo Constitucional y la Comisión Experta, estableciendo un proceso ante la Corte Suprema.
El Presidente de la Republica y el Congreso Nacional deben asegurar el apoyo financiero y administrativo para la instalacion de nuevos organos. Este articulo establece la prohibicion de que ciertos organos asuman atribuciones no reconocidas por la Constitucion.
El Consejo Constitucional tiene un plazo de cinco meses para aprobar la propuesta de nueva Constitucion. Una vez aprobada, sus miembros no podran postular a cargos de eleccion popular en las proximas elecciones.
El Presidente debe convocar a un plebiscito nacional para que el electorado se pronuncie sobre la nueva Constitucion. Este plebiscito se realizara el 17 de diciembre de 2023.
El sufragio en el plebiscito es obligatorio, con multas para quienes no voten sin justificacion. Existen excepciones para casos de fuerza mayor.
Se establecen reglas para el financiamiento y control del gasto electoral en el plebiscito, alineandose con las normas de elecciones de diputados.
Nuestros especialistas pueden analizar la aplicación de estas disposiciones a tu caso particular.
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